RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió investigar las muertes ocurridas durante operativos policiales y establecer responsabilidades entre los agentes y sus superiores. La organización advirtió que la lucha contra la delincuencia debe respetar el derecho a la vida.
Durante una rueda de prensa este lunes, el partido cuestionó que las autoridades presentaran recurrentemente estos hechos como «intercambios de disparos». Además, reclamó información transparente sobre las investigaciones y los agentes sometidos a la justicia.
La posición fue presentada por Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, junto a Yván Lorenzo, también vicepresidente; José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos, y Sigfrido Pared Pérez, coordinador de la Comisión de Seguridad y Defensa.
PLD cita 55 muertes en septiembre
Según los datos citados por la organización, durante septiembre de 2026 se registraron 55 muertes en intervenciones policiales. Asimismo, señaló que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado más de 180 fallecimientos en operativos de las fuerzas del orden durante los primeros meses del año.
El partido cuestionó la falta de información detallada de la Procuraduría General de la República sobre los casos investigados. También pidió conocer cuántos agentes han sido sometidos a la justicia por estos hechos.
Aunque reconoció el derecho de los policías a defenderse ante amenazas reales, el PLD sostuvo que una persona que se rinde debe ser detenida y puesta a disposición de los tribunales.
«En nuestro ordenamiento constitucional, ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución», afirmó la organización.
En ese sentido, recordó que el artículo 7 de la Constitución define al país como un Estado social y democrático de derecho. Además, citó el artículo 37, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte.
Cuestiona la supervisión del Gobierno
El PLD también señaló la responsabilidad de las autoridades en la supervisión de las actuaciones policiales. Para sustentar su planteamiento, hizo referencia al artículo 255 de la Constitución, que establece la dependencia de la Policía Nacional respecto de la autoridad del presidente de la República.
La organización aclaró que no acusa al presidente Luis Abinader de emitir una orden explícita para cometer ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, advirtió que la falta de supervisión y de respuestas institucionales puede favorecer la impunidad.
Asimismo, cuestionó que la efectividad policial se mida por la cantidad de presuntos delincuentes muertos durante los operativos. A su juicio, deben priorizarse la prevención del delito, las investigaciones y las detenciones para que los responsables respondan ante la justicia.
El partido también advirtió que las muertes durante intervenciones policiales pueden destruir evidencias, debilitar las instituciones y reducir la confianza ciudadana en los organismos de seguridad.
Las siete propuestas del PLD
Ante esta situación, la organización presentó siete propuestas dirigidas al Gobierno y a las autoridades competentes:
- Instrucción presidencial: establecer públicamente que las actuaciones policiales deben respetar la Constitución y las leyes.
- Investigaciones independientes: esclarecer las muertes ocurridas durante operativos.
- Estadísticas transparentes: publicar datos sobre estos casos y sus resultados.
- Rendición de cuentas: informar al Congreso Nacional sobre las actuaciones y las investigaciones.
- Supervisión externa: fortalecer los mecanismos de control de las intervenciones policiales.
- Uso de tecnología: documentar los operativos para facilitar su evaluación.
- Reforma policial: impulsar cambios centrados en los derechos humanos e investigar la responsabilidad de los mandos cuando ocurran hechos de esta naturaleza.
Con estas medidas, el PLD busca que se determine cómo ocurrieron las muertes, si hubo uso excesivo de la fuerza y si los superiores incurrieron en omisiones de supervisión.
Finalmente, la organización insistió en que la seguridad ciudadana debe garantizarse sin vulnerar el derecho a la vida. También reclamó investigaciones que permitan establecer las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes.
