RDÉ DIGITAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA.– Javier Milei anunció que su gobierno no financiará a los partidos políticos argentinos al presentar el proyecto de ley o “Ley Ómnibus“.
Dijo que esta ley y la implementación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) tendrán como efecto la eliminación de financiamiento público para partidos políticos. La medida no dejó a ningún argentino indiferente.
En la práctica, la reforma de Milei significa que los partidos podrán recibir donaciones privadas sin tope y gastar sin límites.
“Lo que se produciría, si se aprueba esta reforma, es una desfinanciación por parte del Estado de los partidos políticos y se tiende a una privatización de la política”.
Javier Milei ha dado un paso audaz en la reestructuración de las políticas gubernamentales con su reciente proyecto de ley.
“Eliminaremos el financiamiento de los partidos políticos, cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios” dijo el mandatario.
La reforma de la ley de financiamiento de campañas electorales y de partidos políticos que se propuso a través de la “Ley Ómnibus”, además de la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), una sorpresiva propuesta para modificar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en circunscripciones, propone modificar el sistema de financiamiento político que rige hoy.
En el mensaje que antecede el proyecto de ley, el presidente sostuvo que “se busca transparentar los mecanismos de asignación de fondos existentes, al mismo tiempo que se pone a todos los partidos políticos en igualdad de condiciones para financiar sus actividades proselitistas, eliminando la ventaja natural que tiene quien detenta el poder del Estado”.
Sin embargo, hay expertos que no coinciden con esa lectura, y advierten sobre el “riesgo de una privatización de la política”, que favorecería a los partidos o candidatos más consolidados, a los que tienen más chances de ganar una elección, o a los más permeables a los deseos de los empresarios dispuestos a abrir su billetera.
A través de la derogación y modificación de artículos de la ley actual de Financiamiento de los Partidos Políticos (Nro 26.215), se elimina el tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario.
En la práctica, la reforma significaría que los partidos podrían recibir donaciones de privados sin tope y gastar sin límites.
“Lo que se produciría, si se aprueba esta reforma, es una desfinanciación por parte del Estado de los partidos políticos y se tiende a una privatización de la política, porque al eliminar el tope a los aportes, una empresa podría ponerle la suma de dinero que quisiera a un candidato para que gane una elección. Con lo cual, genera una influencia desmedida del sector privado y los sectores más ricos en los partidos políticos y las candidaturas, y genera inequidad en la competencia electoral.
