RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno tiene sobre sus hombros la carga económica de cubrir los gastos de arrendamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), por extensión a sus oficinas consulares y embajadas alrededor del mundo, el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes (MICM).
MIREX
Entre los presupuestos, el MIREX encabeza la lista, con un total de RD$1,826,828,141 pesos para este año, incluyendo los gastos de alquiler de todas las embajadas del mundo.
El presupuesto actual, según los datos proporcionados por el director general de Presupuesto, Víctor Rijo Presbot, muestra que el presupuesto vigente para este ministerio es de RD$1,784,034,478.00, de los cuales se han gastado RD$682,605,528.31 hasta abril.
La ejecución del presupuesto de este ministerio en el primer cuatrimestre del año, según datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera de la Dirección General de Presupuesto, es la siguiente:
En enero de 2024, el MIREX pagó RD$137,017,694 por alquileres y rentas; en febrero, RD$137,046,552, un aumento de RD$17,694.98, en marzo, RD$138,051,452.36, y en abril, aumentó nuevamente con RD$145,105,396.77, lo que representa el 30 % del total presupuestado para este período.
Estos gastos incluyen los de la Dirección General de Pasaportes, Consejo Nacional de Fronteras, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular Dr. Eduardo Latorre (INESDYC) y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), dependientes del MIREX.
MINERD
Con respecto al Ministerio de Educación (MINERD), el presupuesto aprobado para alquileres y rentas fue de RD$950,265,345.00, de los cuales, hasta ahora, se han ejecutado RD$609,671,458.80, y el devengado es de RD$243,960,252.36 hasta la fecha, lo que sugiere que aún no ha podido ponerse al día con sus obligaciones.
Sin embargo, en el portal del MINERD, en la ejecución de gastos y aplicaciones financieras, indica que el presupuesto original para alquileres y rentas fue de RD$959,725,345.00, mientras que el modificado es de RD$978,513,074.00, un aumento de RD$28,787,729.00.
Lo cierto es que en el ámbito de la contabilidad gubernamental es mejor no profundizar, a menos que se tenga un título, doctorado o maestría en Contabilidad, Administración, Economía o Estadística. De lo contrario, se corre el riesgo de malinterpretar.
A pesar de que existe legislación precisa y completa, como la Ley 344 de 1943, que establece un procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado en el distrito de Santo Domingo o las comunes, ¿por qué continuar con el pago de alquileres y rentas cuando la Ley de Declaración de Utilidad Pública determina claramente cuándo es necesario?
El caso más reciente fue el contrato de «enfiteusis» firmado en 2015 por el entonces administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara Jiménez, y el Consorcio Vicini para la instalación de la planta generadora de Punta Catalina, que implica un pago inimaginable y obligatorio por 99 años, utilizando una figura jurídica que no está contemplada en nuestra legislación civil, de tierras y mucho menos en la inmobiliaria. (Datos extraídos del periódico Panorama).
