RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ordenó el inicio de una investigación de oficio por presunta colusión en compras públicas.
La medida se fundamenta en el artículo 5, literal “b”, de la Ley núm. 42-08, General de Defensa de la Competencia.
La investigación involucra a las empresas Indermerica, S.R.L., Paulino Moreta Cocina Industrial, S.R.L. y a Andreina Ortiz Paulino. El proceso está vinculado a una licitación del Programa de Alimentación Escolar, convocada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Indicios detectados por la autoridad
Según la Resolución No. RII-DE-AAC-005-2025, durante el análisis de la documentación del proceso INABIE-CCC-LPN-2023-0049, la Dirección Ejecutiva identificó múltiples coincidencias.
Estos elementos refuerzan la hipótesis de una posible colusión entre los oferentes.
Entre los principales indicios figuran:
- Vínculos societarios entre los agentes económicos investigados.
- Uso compartido de números telefónicos en registros mercantiles y documentos notariales.
- Cartas de referencia bancaria emitidas con numeración consecutiva y en las mismas fechas.
- Similitudes en redacción y ortografía de los formularios presentados.
- Coincidencias en el tipo y tamaño de letra utilizados para los montos de las ofertas económicas.
- Uso de la misma empresa fumigadora, con programas idénticos de control de plagas.
En conjunto, estos hallazgos sugieren una coordinación previa orientada a influir en los resultados del proceso de contratación.
Alcance de la resolución
Pro-Competencia explicó que los indicios recopilados configuran un esquema de conducta sistemático.
En consecuencia, la autoridad considera que los oferentes no habrían actuado como competidores independientes, sino como un grupo coordinado durante la licitación.
No obstante, la entidad aclaró que la resolución no prejuzga culpabilidad.
Por el contrario, habilita la fase investigativa y garantiza el derecho de defensa de los involucrados, quienes se presumen inocentes hasta que exista una decisión final.
Más investigaciones en curso
Con este caso, suman cinco las investigaciones iniciadas por la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia en lo que va de año.
En total, los procesos involucran a 16 agentes económicos de distintos sectores.
Una infracción grave a la libre competencia
La colusión es una práctica anticompetitiva grave. Ocurre cuando dos o más empresas acuerdan no competir en procesos de contratación pública.
La Ley núm. 42-08 prohíbe expresamente estas conductas. En particular, el artículo 5, literal “b”, sanciona la coordinación de ofertas o abstenciones en licitaciones, concursos y subastas públicas.
Estas prácticas distorsionan el mercado. Además, elevan artificialmente los precios y reducen la transparencia.
Por tanto, su persecución resulta clave para proteger el interés público y el bienestar ciudadano.
