RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. El proyecto prohíbe priorizar la grabación de contenido audiovisual sobre la asistencia a una víctima. Además, establece la obligación de alertar a los servicios de emergencia antes de cualquier difusión de imágenes.
De igual manera, la pieza busca evitar el abandono de personas en riesgo sin notificación previa al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.
Sanciones previstas para los infractores
La iniciativa contempla diferentes tipos de sanciones. Estos dependerán de la gravedad de los hechos y de las consecuencias generadas.
Entre las medidas propuestas se incluyen:
- Multas económicas
- Trabajo comunitario obligatorio
- Agravantes cuando la omisión contribuye al deterioro de la víctima o a su fallecimiento.
Por otra parte, las autoridades podrían evaluar la responsabilidad de quienes permanecen inactivos frente a una situación de peligro evidente.
Obligaciones ciudadanas en situaciones de emergencia
El texto legislativo define un marco básico de actuación para cualquier persona que presente una emergencia. En primer lugar, deberá notificarse al 9-1-1.
Posteriormente, el ciudadano tendría que permanecer en el lugar siempre que hacerlo no represente un riesgo para su seguridad.
Además, se contempla la prestación de asistencia básica de acuerdo con los conocimientos y capacidades de cada persona.
Protección al “buen samaritano”
Como parte de la propuesta, se incorpora la figura legal del “buen samaritano”. De esta manera, quienes ayuden de buena fe a una víctima quedarían protegidos frente a posibles reclamaciones civiles o penales por daños involuntarios.
Sin embargo, esa protección no se aplicará cuando exista negligencia grave o una actuación temeraria.
Protocolo nacional “Salvar vidas”
De igual forma, la iniciativa crea el protocolo nacional de actuación denominado “Salvar Vidas”. Este mecanismo establece una serie de pasos para responder ante emergencias.
Entre ellos figuran:
- Identificar posibles riesgos
- Contactar al sistema 9-1-1.
- Evaluar el estado de la víctima.
- Evitar movimientos innecesarios
- Brindar ayuda dentro de las capacidades disponibles.
- Respetar la dignidad de los afectados.
Asimismo, el protocolo prohíbe grabar o difundir imágenes de personas que se encuentren en estado crítico.
Educación y prevención
Por otro lado, la propuesta ordena al Estado desarrollar campañas permanentes de concienciación ciudadana. También contempla programas de formación en primeros auxilios.
Además, plantea incorporar contenidos relacionados con la respuesta a emergencias dentro del sistema educativo nacional.
Estado actual del proyecto
Actualmente, la pieza legislativa permanece bajo estudio en la Comisión de Presidencia de la Cámara de Diputados. Una vez concluido ese proceso, podrá ser presentado ante el Pleno para su conocimiento.
Mientras tanto, el debate gira en torno al equilibrio entre el deber de asistencia, la protección de la dignidad humana y el uso responsable de las redes sociales durante situaciones de emergencia.
