RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La deuda pública consolidada de República Dominicana alcanzó US$83,797.9 millones al cierre de junio de 2026. Este monto equivale al 59,5 % del producto interno bruto (PIB), según los datos correspondientes al endeudamiento del sector público.
Del total, US$67,370.7 millones corresponden al Sector Público No Financiero (SPNF). Esta deuda representa el 80,4 % del endeudamiento consolidado. En tanto, la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) llegó a US$16,427.2 millones, equivalente al 19.6 %.
Además, el monto consolidado incluye la deuda intergubernamental del Banco Central. Por su parte, la deuda del SPNF representa el 47,9 % del PIB. Asimismo, el endeudamiento del BCRD equivale al 11,7 % del producto interno bruto.
Deuda pública aumenta en una década
En comparación con hace 10 años, la deuda pública consolidada registra un incremento considerable. En junio de 2016, el endeudamiento alcanzaba US$40,415.9 millones y representaba el 53.2 % del PIB.
Desde entonces, la deuda aumentó en US$43,382 millones. Por consiguiente, su peso respecto al producto interno bruto también creció. El indicador pasó de 53.2 % a 59.5 %, para un incremento de 6.4 puntos porcentuales.
Sin embargo, la relación entre deuda y PIB no constituye por sí sola una medida suficiente para evaluar la situación de las finanzas públicas. Por ello, también resulta necesario observar cuánto de los ingresos del Estado se destina al pago de intereses.
En ese sentido, el presupuesto inicial de 2026 contempla que el servicio de intereses represente 26,2 % de los ingresos tributarios. No obstante, esta proporción podría variar con el presupuesto reformulado.
Endeudamiento presiona las finanzas públicas
El crecimiento sostenido de la deuda pública incrementa los recursos que el Estado debe destinar al pago de intereses. En consecuencia, aumenta la presión sobre las finanzas públicas y reduce el margen disponible para otras prioridades.
Además, contener el endeudamiento requiere fortalecer la disciplina fiscal. Esto implica mejorar el control del gasto público y evitar que los desequilibrios fiscales se traduzcan de forma recurrente en mayores cargas para los contribuyentes.
Por tanto, la evolución de la deuda pública consolidada no solo debe analizarse por su relación con el PIB. También debe considerarse el costo financiero que representa para el Estado y su impacto sobre los ingresos públicos.
