RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La República Dominicana ganó un arbitraje internacional por más de US$100 millones relacionado con la terminación de un contrato para la gestión y recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El tribunal rechazó todas las reclamaciones presentadas contra el Estado dominicano.
La demanda fue interpuesta por el empresario francés Yves Martine Garnier, propietario de EGTT Dominicana. La empresa tenía a su cargo el servicio de recolección de basura mediante un contrato de concesión con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El fallo evita que el Estado tenga que pagar la millonaria indemnización reclamada. Además, pone fin a una disputa internacional que comenzó hace casi cinco años.
RD gana arbitraje tras validar la terminación
La decisión fue emitida el 19 de agosto de 2026. En ella, el Tribunal Arbitral determinó que la terminación del contrato se realizó conforme al derecho dominicano.
Según el fallo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este contaba con fundamentos para finalizar el acuerdo. Esto estuvo relacionado con deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana en la prestación del servicio.
Asimismo, el tribunal concluyó que los hechos expuestos por Garnier no demostraron una violación de las obligaciones internacionales asumidas por República Dominicana.
El proceso comenzó el 4 de octubre de 2021. Además, fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso número 2022-01.
Reclamación superaba los US$100 millones
Garnier reclamaba al Estado dominicano más de US$100 millones. Esa cantidad equivale a más de RD$5,882 millones, según la tasa de cambio utilizada en la información divulgada.
El conflicto surgió luego de la terminación del contrato de concesión firmado entre EGTT Dominicana y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Por otro lado, la defensa estatal estuvo coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto con el cabildo. Posteriormente, se incorporó el Ministerio de Justicia.
La participación del Ministerio de Justicia responde a la entrada en vigor de la Ley 80-25, orgánica de esa institución. La legislación le otorgó funciones en la representación del Estado dominicano en arbitrajes de inversión.
Además, el país contó con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, desde su oficina en Washington, D.C.
Decisión protege recursos públicos
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó que la defensa estatal busca proteger los recursos públicos. Al mismo tiempo, señaló la importancia de cumplir los compromisos asumidos frente a inversionistas extranjeros.
En consecuencia, el resultado representa una decisión favorable para el Estado dominicano en materia de arbitraje internacional. El caso se suma a otros procesos en los que el país ha defendido sus actuaciones ante reclamaciones de inversionistas extranjeros.
