RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano rechazó de manera contundente las acusaciones de las autoridades haitianas que sugieren que las deportaciones de inmigrantes indocumentados tienen un «componente racista». A través de una nota diplomática enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) al cuerpo diplomático acreditado en el país, aseguró que las deportaciones se realizan en estricto cumplimiento del Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación firmado en 1999 entre República Dominicana y Haití.
El MIREX recordó que las deportaciones son un derecho legítimo del Estado dominicano y llamó a verificar si el gobierno haitiano cumple con su parte del acuerdo, el cual establece que Haití debe dotar de documentos de identidad a sus ciudadanos. La Cancillería reiteró que en República Dominicana «no existe ninguna política de Estado para discriminar, promover la xenofobia ni maltratar a personas de ninguna nacionalidad».
El gobierno lamentó que las autoridades haitianas, en lugar de enfrentar la crisis interna de su país, se dediquen a «acosar» a República Dominicana en la comunidad internacional, desviando la atención de las verdaderas causas de la emigración. «Es lamentable que las autoridades haitianas se concentren en denunciar las acciones legítimas del Gobierno dominicano, las cuales han sido reconocidas por el propio Estado haitiano», señaló el comunicado.
El Gobierno dominicano reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y aseguró que toma con seriedad cualquier denuncia relacionada con estos temas. Asimismo, indicó que, a pesar del impacto que genera la migración descontrolada en su economía y estabilidad, no ha recibido apoyo del gobierno haitiano ni de la comunidad internacional para mejorar la gobernanza migratoria en la región.
La Cancillería destacó que la inmigración irregular supone una presión económica insostenible para los servicios públicos del país,
El pasado 2 de octubre, el Gobierno dominicano lanzó un plan de deportaciones masivas de extranjeros indocumentados con el objetivo de repatriar hasta 10,000 personas en una semana. Esta medida ha sido objeto de críticas por parte del gobierno haitiano, que la ha llevado a diferentes foros internacionales. Las autoridades haitianas calificaron las deportaciones como «discriminatorias» y acusaron a República Dominicana de no respetar los procedimientos legales ni la dignidad humana.
A pesar de las tensiones, el Gobierno dominicano reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto con las autoridades haitianas, con quienes comparte la isla La Hispaniola. La Cancillería recordó que desde el inicio del actual gobierno, República Dominicana ha intentado sostener una política de «Buena Vecindad» con Haití, basada en el diálogo, el respeto mutuo y la solidaridad. Sin embargo, los avances en esta relación se vieron truncados con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, hecho que agravó la crisis de seguridad en Haití.
