RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El expresidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, criticó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que otorga 18 meses adicionales a ciudadanos haitianos para inscribirse en el proceso de regularización, conforme a lo establecido en la sentencia 168-13.
Ramírez afirmó que la decisión es cuestionable, ya que el plazo legal ya había vencido. “El tribunal parece que extendió generosamente la cobertura y, por tanto, ha beneficiado a ese grupo de personas”, declaró.
El jurista expresó su preocupación por la falta de conciencia nacional frente a la problemática migratoria y acusó a los organismos internacionales de ignorar la situación. “Estamos jugando nuestra existencia”, advirtió.
Sentencia del TC podría abrir puerta a naturalización.
Gómez Ramírez alertó que esta sentencia podría ser interpretada como un paso hacia la naturalización de haitianos en suelo dominicano, lo que considera una amenaza para la soberanía nacional.
“El problema es grave. “Las bandas haitianas controlan el 100 % del territorio de Puerto Príncipe y eso repercute directamente en la situación migratoria dominicana”, dijo.
Criticó la actitud de la comunidad internacional, a la que acusó de mirar “de espaldas” al conflicto y empujar la crisis hacia República Dominicana.
Aunque reconoció que las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas y de cumplimiento obligatorio, llamó a sus integrantes a actuar con responsabilidad: “Un juez constitucional debe actuar con la cabeza fría porque sus decisiones no pueden ser rectificadas”.
Gómez Ramírez también abordó el conflicto interno que atraviesa el Instituto Duartiano. Reveló que la junta directiva nacional rechazó recientes declaraciones del presidente actual por considerarlas inapropiadas, y le solicitó una retractación que no fue aceptada.
Como respuesta, se convocó una asamblea extraordinaria para el próximo 26 de abril con el fin de tratar el conflicto institucional.
“El Instituto Duartiano tiene una línea clara desde su fundación en 1964, reafirmada en la marcha patriótica del 6 de agosto de 2022. “Esa postura institucional debe respetarse”, enfatizó.
Evaluación de medidas gubernamentales
Gómez valoró como “interesantes” las 15 medidas migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader, pero lamentó su débil ejecución.
“Se habló de deportar 400,000 personas al mes, pero la realidad dista mucho de esa meta”, cuestionó.
Concluyó insistiendo en que el problema no es nuevo, pero ha sido subestimado por gobiernos anteriores, y que la infraestructura fronteriza actual es insuficiente para ejercer un control efectivo.
“¿Dónde están las estructuras para alojar al personal militar necesario en la frontera?”, preguntó, haciendo un llamado urgente a tomar acciones sostenidas y serias ante la crisis migratoria.
