RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Consejo del Poder Judicial (CPJ) anunció este jueves la reubicación del personal y los servicios que actualmente se ofrecen en el edificio que aloja las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras un estudio de vulnerabilidad estructural del inmueble.
La decisión responde a los resultados de dicha evaluación técnica, que reveló la necesidad de actuar con inmediatez para mitigar riesgos de seguridad, especialmente ante un posible evento sísmico. Esta acción se enmarca dentro del compromiso institucional del CPJ de velar por la integridad física de jueces, empleados y usuarios del sistema judicial.
«Desde que el CPJ ordenó la realización del estudio, hemos trabajado sin pausa en la búsqueda de soluciones responsables», indicó el órgano en un comunicado, en respuesta al llamado de alerta emitido hoy por la Asociación de Jueces de la República Dominicana (ASOJURD), sobre el riesgo de colapso del edificio que también alberga el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP).
Acuerdo interinstitucional y soluciones temporales
El Poder Judicial informó que desde diciembre de 2024 mantiene un acuerdo con la Dirección General de Bienes Nacionales y el Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual se le cedió el uso del edificio del Catastro Nacional como una de las posibles sedes temporales para la relocalización de los tribunales afectados.
Adicionalmente, se han identificado otros espacios alternativos que permitirán garantizar, en el corto plazo, la continuidad de los servicios judiciales sin interrupciones y en condiciones seguras.
«Esta medida tendrá carácter temporal hasta que se construya la Ciudad Judicial del Distrito Nacional, que será la solución definitiva para alojar las dependencias judiciales», precisó el CPJ.
Compromiso institucional
El Consejo del Poder Judicial subrayó que mantiene una coordinación activa con las autoridades correspondientes para implementar todas las acciones necesarias en este proceso de transición.
«Nuestra prioridad es salvaguardar la seguridad, el bienestar y la dignidad de quienes imparten justicia, del personal judicial y de la ciudadanía que acude diariamente a nuestros tribunales», concluyó la entidad.
