RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Con 19 votos a favor y 9 en contra, el Senado aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley orgánica de Contrataciones Públicas, una iniciativa que busca establecer un marco jurídico más riguroso para el uso adecuado de los recursos del Estado.
El proyecto, que modifica la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, introduce por primera vez sanciones penales específicas para funcionarios, congresistas y particulares que incurran en prácticas indebidas dentro de los procesos de contratación estatal.
Uno de los aspectos clave de la propuesta legislativa es la penalización de servidores públicos que, de forma dolosa, participen en contratos en los que están legalmente inhabilitados.
En estos casos, los implicados podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y cinco años, multas de entre 20 y 50 salarios mínimos del sector público, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante al menos cinco años, según lo estipulado en el artículo 234.
Además, la nueva ley amplía el alcance de la responsabilidad penal a los particulares que intenten influir o sobornar a funcionarios para obtener ventajas en licitaciones públicas.
El artículo 236 establece penas de cuatro a diez años de prisión para quienes ofrezcan dádivas o beneficios a cambio de favores en procesos de contratación.
Ley contemplan medidas para evitar fraccionamiento de contratos
La iniciativa también contempla medidas para evitar prácticas como el fraccionamiento de contratos con el fin de evadir los procedimientos formales establecidos, especialmente aquellos vinculados a montos que requieren mayor control.
El proyecto aún debe pasar por una segunda lectura en el Senado y posteriormente será remitido a la Cámara de Diputados.
De aprobarse, representaría un paso significativo en los esfuerzos por fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en la administración pública.
La discusión de esta nueva normativa ha generado opiniones divididas entre los legisladores, algunos de los cuales han expresado preocupación sobre la aplicación de las sanciones, mientras otros consideran que se trata de una reforma necesaria para garantizar la integridad en el manejo de los fondos públicos.
