La propuesta fue presentada por la senadora María Mercedes Ortiz, como parte de la denominada Reforma Integral Déjala Ir. Además, plantea acercar los mecanismos de asistencia a las comunidades mediante la participación directa de los gobiernos locales.
El proyecto establece que las personas afectadas por maltrato puedan acudir a estas unidades para recibir orientación. Asimismo, contempla informarles sobre los procedimientos de denuncia y las instituciones responsables de ofrecer protección.
De esta manera, los ayuntamientos tendrían una función de apoyo en la identificación de posibles situaciones de riesgo. También facilitarían el contacto entre las víctimas y los organismos encargados de atender estos casos.
Ayuntamientos coordinarán asistencia a las víctimas
La iniciativa propone que las unidades municipales trabajen junto al Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y los servicios de salud. Además, contempla la colaboración con las casas de acogida y otras instituciones vinculadas a la atención de la violencia.
Por otra parte, incluye la participación de la Policía Municipal y organizaciones comunitarias. Esta coordinación permitiría orientar a las personas afectadas y remitirlas a las entidades competentes, respetando las funciones legales de cada organismo.
El proyecto busca reducir las dificultades que enfrentan las víctimas al momento de solicitar ayuda. En consecuencia, los gobiernos municipales servirían como puntos de orientación y conexión con los servicios especializados.
Proyecto contempla campañas de prevención comunitaria
La propuesta legislativa también incluye acciones educativas para prevenir la violencia intrafamiliar y de género. Entre ellas figuran campañas de sensibilización dirigidas a los residentes de cada municipio.
Asimismo, plantea establecer redes comunitarias de apoyo para identificar señales de riesgo. Estas estructuras facilitarían la comunicación con las instituciones responsables de intervenir ante posibles situaciones de violencia.
Según el planteamiento de la iniciativa, la cercanía de los ayuntamientos con las comunidades puede facilitar la detección temprana de estos casos. Por tanto, su participación permitiría ampliar el alcance territorial de las acciones preventivas.
Además, las actividades comunitarias buscarían promover la participación ciudadana y fortalecer la información sobre los mecanismos disponibles para denunciar el maltrato.
Iniciativa deberá superar nuevas etapas legislativas
La aprobación en primera lectura representa un avance en el trámite parlamentario. Sin embargo, el proyecto todavía debe completar las siguientes etapas de discusión y votación en el Congreso Nacional.
Por consiguiente, la propuesta aún no constituye una ley vigente ni establece obligaciones definitivas para los ayuntamientos.
Si reciben la aprobación legislativa correspondiente y cumplen los demás requisitos constitucionales, las unidades municipales podrían convertirse en un mecanismo adicional de orientación y prevención.
La iniciativa busca incorporar a los gobiernos locales en la respuesta institucional frente a la violencia. Mientras tanto, las competencias de investigación, persecución y protección continuarían bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes.
