RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Diversos actores políticos han manifestado su rechazo a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala las candidaturas independientes, una decisión que ha generado un fuerte debate sobre el rol del TC en la legislación electoral.
El fallo, que declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, regula a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. La controversia radica en que el TC anuló estos artículos en lugar de sugerir una modificación, según opinan los críticos, quienes consideran que la corte usurpó funciones del Congreso Nacional al tomar decisiones que deberían haber sido de índole legislativa.
El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, expresó que un candidato independiente no tendría éxito sin el respaldo de un partido político. Además, subrayó la necesidad de eliminar el método D’Hondt para mejorar los niveles de elección y ajustar el sistema electoral.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, encargado jurídico de la organización, indicó que la intervención del TC sobre la ley de candidaturas independientes es una actuación “extraña” al considerarlo un asunto político no justiciable, y destacó que la corte reemplazó al Congreso Nacional en una cuestión legislativa.
En respuesta, el diputado oficialista Eugenio Cedeño defendió la sentencia, asegurando que el TC actuó ante la inacción del Congreso y la procrastinación deliberada de los legisladores al no abordar las reformas necesarias.
Por su parte, el exsenador y actual organizador del partido Avancemos, Carlos Amarante Baret, consideró que las críticas de la partidocracia son un reflejo del temor de las cúpulas partidarias, que sienten que la sentencia amenaza su control sobre las estructuras políticas. A través de sus redes sociales, Baret instó a una “regeneración” de los partidos políticos.
Participación Ciudadana (PC) también se unió a las críticas, afirmando que el TC se extralimitó al tomar decisiones que correspondían al Congreso, y lamentó que la corte no hubiera limitado su intervención a sugerencias de reforma. Erick Hernández Machado, coordinador nacional de PC, señaló que el TC debió haber recomendado mejoras, en lugar de eliminar artículos clave de la ley electoral.
Por otro lado, el diputado Miguel Arredondo, del oficialismo, respaldó la sentencia del TC, considerando que esta decisión fomenta una mayor participación política. Según Arredondo, los partidos políticos deberán adaptarse y atraer a nuevos dirigentes ciudadanos y comunitarios si desean seguir siendo relevantes.
Este panorama resalta las tensiones entre el poder judicial y el legislativo, y pone en debate la interpretación del papel del TC en la modificación de las leyes electorales. La controversia, que ha trascendido en el ámbito político, aún sigue siendo objeto de intensos intercambios de opiniones.
una decisión que ha generado un fuerte debate sobre el rol del TC en la legislación electoral.
El fallo, que declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, regula a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. La controversia radica en que el TC anuló estos artículos en lugar de sugerir una modificación, según opinan los críticos, quienes consideran que la corte usurpó funciones del Congreso Nacional al tomar decisiones que deberían haber sido de índole legislativa.
El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, expresó que un candidato independiente no tendría éxito sin el respaldo de un partido político. Además, subrayó la necesidad de eliminar el método D’Hondt para mejorar los niveles de elección y ajustar el sistema electoral.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, encargado jurídico de la organización, indicó que la intervención del TC sobre la ley de candidaturas independientes es una actuación “extraña” al considerarlo un asunto político no justiciable, y destacó que la corte reemplazó al Congreso Nacional en una cuestión legislativa.
En respuesta, el diputado oficialista Eugenio Cedeño defendió la sentencia, asegurando que el TC actuó ante la inacción del Congreso y la procrastinación deliberada de los legisladores al no abordar las reformas necesarias.
Por su parte, el exsenador y actual organizador del partido Avancemos, Carlos Amarante Baret, consideró que las críticas de la partidocracia son un reflejo del temor de las cúpulas partidarias, que sienten que la sentencia amenaza su control sobre las estructuras políticas. A través de sus redes sociales, Baret instó a una “regeneración” de los partidos políticos.
Participación Ciudadana (PC) también se unió a las críticas, afirmando que el TC se extralimitó al tomar decisiones que correspondían al Congreso, y lamentó que la corte no hubiera limitado su intervención a sugerencias de reforma. Erick Hernández Machado, coordinador nacional de PC, señaló que el TC debió haber recomendado mejoras, en lugar de eliminar artículos clave de la ley electoral.
Por otro lado, el diputado Miguel Arredondo, del oficialismo, respaldó la sentencia del TC, considerando que esta decisión fomenta una mayor participación política. Según Arredondo, los partidos políticos deberán adaptarse y atraer a nuevos dirigentes ciudadanos y comunitarios si desean seguir siendo relevantes.
Este panorama resalta las tensiones entre el poder judicial y el legislativo, y pone en debate la interpretación del papel del TC en la modificación de las leyes electorales. La controversia, que ha trascendido en el ámbito político, aún sigue siendo objeto de intensos intercambios de opiniones.
