RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-La sobrepoblación, inseguridad, violencia y corrupción desde siempre han caracterizado el Sistema Carcelario de la República Dominicana que, en las últimas dos décadas las autoridades han tratado de mejorar esas condiciones.
Pero aún continúa envuelto en esa disyuntiva y no logra superar esos obstáculos que lo convierten en una bomba de tiempo y explota de vez en cuando como lo ocurrido en la cárcel de La Victoria recientemente donde fallecieron unos 13 reclusos a causa de un incendio.
Las mismas autoridades que tuvieron a su cargo la implementación de los proyectos de mejoras, como Roberto Santana quien afirma que, en la actualidad, ha habido un retroceso, si no, un estancamiento, en los avances alcanzados e implementados a partir del 2003.
Calificó de grave el “retroceso” que entiende ha habido en las metas que se consiguieron durante ese proceso, como la creación de una escuela penitenciaria, lo que ocurrió en julio de 2003 a través de la cual se formaría el personal civil que daría servicio en las cárceles, y así sacar de las prisiones a los políticas y militares de las cárceles.
La primera promoción de graduados de la escuela surgió menos de un año después, en abril de 2004, con el personal que trabajaría en la cárcel de San Felipe, Puerto Plata, que estrenó el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Desde entonces, y hasta julio de 2022, se cuentan 27 promociones de graduados, con un total de 3,695 agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), y unos 14,192 servidores penitenciarios beneficiados, según cifras que para la fecha ofreció la Procuraduría General de la República.
La reforma alcanzó a unas 23 cárceles que entraron al esquema de Centros de Corrección y Rehabilitación, en los que a los privados de libertad se les enseñaba un oficio y algunos centros llegaron a suplir parte de su sustento con producción interna.
Las otras, de un total de 46 para entonces (a la fecha suman 50), quedaron bajo la Dirección General de Prisiones, pero con la meta inicial de que todos los recintos entraran al nuevo modelo.
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asegura que el nuevo modelo tuvo avances significados desde el 2004 hasta el 2020, a tal punto que la RD fue referente en la región y América Latina. No había hacinamiento y cada interno tenía una cama.
Un ejemplo puntual que se cita es la cárcel de Najayo Hombre, que entró al nuevo modelo en 2013. A la fecha, el recinto tiene una población de 2,165, pero su capacidad es para unos 1,300.
Otro aspecto que se pone de ejemplo es la reincidencia de los excarcelados. Afirma que en el nuevo modelo se redujo a un 10 %, frente al 80 % que se manejaba en el viejo modelo.
¿Qué pasó?
En abril de 2021, se aprobó la Ley número 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana. La legislación crea la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (antigua Dirección de Prisiones), como el órgano, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, responsable de aplicar y hacer valer las políticas públicas en materia correccional.
Bajo su subordinación quedaron la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación, y la Dirección del Medio Libre.
“Al unificar los dos modelos, sin crear las condiciones para que lo nuevo superara lo viejo, tomaron la decisión de llevar jóvenes preparados para el nuevo modelo, sobre la base de un nuevo esquema y condiciones, a dirigir los centros de privación de libertad restantes y, entonces, empezó a dañarse el sistema”, sostiene Mercedes.
Dice que, desde entonces, empezaron a verse denuncias de corrupción, motines en los centros del nuevo modelo, hacinamiento o consumo de droga, lo que provocó que muchos de los agentes, que no podían desarrollar sus capacidades, renunciaran.
Mercedes también cuestiona la “incapacidad” que advierte en la Procuraduría General de la República, bajo la gestión de Miriam Germán Brito, y de la Dirección del Sistema Penitenciario, a cargo de Roberto Hernández, para elaborar el reglamento que haga funcional la Ley 113-21.
Con una visión contraria, Hernández destacaba en enero pasado, mientras rendía cuentas de su gestión, “mejoras implementadas en materia de educación y salud para los privados de libertad, así como en las infraestructuras de los centros y en los salarios de los colaboradores”, según publica el Diario Libre bajo la firma de Tania Molina.
Dijo que en los más de 3 años al frente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, 2,356 privados de libertad adultos fueron alfabetizados; 11,048 cursaron la educación básica; 7,990 la media a través de Prepara y 1,222 la educación superior. También indicaba que, para este año culminarían la capacitación de 650 nuevos Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, con los que disminuirían el déficit de personal en los centros, y que concluirían el Reglamento de Aplicación de la Ley 113-21.
