RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- A pocos días de la promulgación del nuevo Código Penal de la República, sectores de la sociedad civil y funcionarios del gobierno empezaron a identificar artículos que consideran deben revisarse por su posible contradicción con principios constitucionales.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, anunció que la entidad se encuentra trabajando con expertos legales en una propuesta de modificación que se entregaría al presidente de la República en los próximos días.
Según explicó, hay disposiciones en la ley que podrían comprometer derechos fundamentales.
Uno de los artículos señalados como problemático es el 310, que sanciona como ultraje ciertos gestos, expresiones o mensajes dirigidos a funcionarios públicos, incluso si se realizan de forma no pública.
Para Castaños Guzmán, esta formulación es incompatible con los principios de libertad de expresión y dignidad personal consagrados en la Constitución.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, compartió una preocupación similar.
Advirtió que el artículo podría dar lugar a interpretaciones subjetivas que restrinjan el derecho a criticar a los funcionarios públicos, lo que en su opinión podría desembocar en actos de censura.
A pesar de estas observaciones, desde el ámbito gubernamental valoran la aprobación del nuevo Código como un avance importante.
La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, reconoció que se trata de una reforma necesaria tras más de dos décadas de intentos legislativos. Sin embargo, enfatizó que aún hay aspectos que deben perfeccionarse: “”No estamos contentos con todo. Hay que seguir, ser inteligentes y crear nuevas estrategias”.
“Modernizaciones” en Código Penal
El nuevo Código Penal (Ley 74-25), promulgado por el presidente Luis Abinader el pasado domingo, moderniza el marco jurídico penal del país al incorporar más de 70 nuevos tipos penales relacionados con la corrupción, el crimen organizado, delitos tecnológicos, violencia de género, entre otros.
Su entrada en vigor está prevista para agosto de 2026, en virtud del período de adecuación conocido como “vacación legales”.
Este plazo permitirá a las instituciones del sistema judicial ajustar sus estructuras internas, al tiempo que abre la posibilidad de realizar enmiendas al texto aprobado, tal como han solicitado distintos sectores, incluidos legisladores.
