RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El subsidio al sector eléctrico absorbió el 78 % de lo recaudado por el Gobierno dominicano a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a asalariados durante el primer cuatrimestre de 2025, de acuerdo con datos oficiales.
En cifras concretas, el Estado destinó RD$30,800 millones a transferencias para sostener el sistema eléctrico, mientras que los trabajadores formales contribuyeron con RD$37,038.8 millones en concepto de ISR en ese mismo período. Si se considera el total del ISR a personas físicas —incluyendo profesionales independientes y otros contribuyentes— la cifra asciende a RD$39,276 millones, lo que mantiene la proporción del subsidio eléctrico en un 78 %.
Sistema deficiente, gasto creciente.
El dato pone de relieve la magnitud de los recursos públicos destinados a un sistema eléctrico que continúa presentando pérdidas estructurales, a pesar de los esfuerzos financieros del Estado. Según el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), las distribuidoras EdeNorte, EdeSur y EdeEste acumulan pérdidas de hasta un 37.6 %.
El subsidio —que creció un 4.1 % con respecto al mismo cuatrimestre de 2024— es parte de la política fiscal del Gobierno para evitar aumentos abruptos en la tarifa eléctrica y sostener la operación de las empresas distribuidoras.
Carga impositiva sin retorno visible
Aunque no existe una relación directa entre lo recaudado por impuestos y su destino específico —ya que todos los ingresos entran a un fondo común en la Tesorería Nacional— la comparación permite ilustrar el impacto relativo del subsidio eléctrico frente al esfuerzo fiscal de los asalariados.
El ISR retenido a los trabajadores ha crecido un 13.8 % este año, impulsado por el aumento salarial y los ascensos en la escala impositiva. Sin embargo, gran parte de ese aumento termina sosteniendo un sistema energético que, según múltiples expertos y sectores empresariales, sigue sin ofrecer un servicio eficiente ni sostenible.
Debate sobre gasto público y sostenibilidad fiscal
El creciente subsidio al sector eléctrico reabre el debate sobre la eficiencia del gasto público y la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Organizaciones como el CONEP han reiterado la necesidad de una reforma integral que reduzca las pérdidas en distribución, fomente la inversión privada y limite la dependencia del presupuesto nacional para cubrir déficits energéticos.
Diversos sectores proponen que, en lugar de destinar cuantiosos recursos a un sistema ineficiente, esos fondos podrían canalizarse hacia salud, educación o infraestructura pública, con mayor impacto social y retorno económico.
Fuente: Diario Libre
