RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) devolvió al Tribunal Superior Electoral (TSE) el expediente sobre la regulación de las encuestas electorales. El caso involucra una disposición de la Junta Central Electoral (JCE).
La decisión está contenida en la sentencia TC/0852/26. En ella, el TC estableció que un órgano jurisdiccional no puede apoderarlo directamente mediante una declinatoria.
El expediente corresponde a un recurso presentado por Justicia sin Fronteras. La entidad cuestionó el artículo 13 del reglamento de la JCE sobre el registro de firmas encuestadoras y la publicación de encuestas electorales.
TC cuestiona remisión del expediente
El TSE se había declarado incompetente para conocer el recurso. Además, decidió remitir el expediente al Tribunal Constitucional al considerar que correspondía a un control concentrado de constitucionalidad.
Sin embargo, el TC rechazó esa vía. El tribunal explicó que la remisión del expediente no equivale a un apoderamiento regular de su jurisdicción.
Asimismo, señaló que un recurso contencioso de nulidad y una acción directa de inconstitucionalidad son procesos diferentes. Cada uno tiene su propio procedimiento.
Por esa razón, el expediente no podía convertirse automáticamente en una acción directa de inconstitucionalidad. Para ello, debía cumplirse el mecanismo establecido por la Ley 137-11.
El Constitucional también advirtió que los tribunales no pueden modificar las competencias atribuidas a otros órganos. En consecuencia, consideró que el TSE debió limitarse a declarar su incompetencia.
La controversia sobre las encuestas continúa
El TC calificó como “erróneo envío” la remisión realizada por el TSE. Finalmente, ordenó devolver el expediente al tribunal electoral para los fines correspondientes.
No obstante, la sentencia no decidió si la regulación de la JCE sobre las encuestas es constitucional o legal. El Constitucional dejó sin examinar el fondo del recurso.
Justicia sin Fronteras había solicitado anular el artículo 13 y sus párrafos. La organización argumentó que estas disposiciones vulneran la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información política.
También pidió suspender de manera inmediata la prohibición de publicar o difundir encuestas electorales fuera de los períodos establecidos.
Por tanto, la controversia permanece abierta. Ahora deberá continuar su curso ante el Tribunal Superior Electoral, órgano que originalmente recibió el recurso.
