RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) determinó que la eliminación de las sanciones contra la usura no se ajusta al orden constitucional vigente. Por lo tanto, el órgano ordenó al Congreso Nacional crear una nueva legislación que regule y penalice esta práctica.
La decisión fue adoptada con la mayoría requerida de los magistrados, encabezados por su presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier.
El Estado debe sancionar la usura.
El tribunal estableció que el Estado dominicano no puede dejar sin castigo legal el delito de usura. En consecuencia, argumentó que los tratados internacionales obligan a su prohibición y regulación efectiva.
Además, señaló que el marco jurídico debe ajustarse al sistema monetario y financiero vigente.
Sentencia con votos disidentes
La sentencia TC/0235/26 no fue unánime. En efecto, los magistrados Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Ayuso emitieron votos salvados.
Aunque coinciden con la decisión final, no compartieron todos los fundamentos jurídicos expuestos por el tribunal.
Congreso con facultad de legislar
El TC recordó que el Congreso Nacional tiene la atribución de crear y derogar leyes según las necesidades sociales. Asimismo, indicó que la legislación debe responder a la realidad económica del país.
Por lo tanto, la regulación de la usura debe integrarse de forma clara al sistema legal vigente.
Origen del caso
La decisión surge a partir de una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Hermes Guerrero Báez. El recurso cuestiona la eliminación de la normativa que tipificaba la usura como delito en la Ley núm. 183-02.
Dicha norma había derogado disposiciones anteriores que regulaban el interés legal en el país.
Argumentos del accionante y del tribunal
El accionante alegó que la eliminación de esta regulación dejó desprotegida a la ciudadanía frente a intereses abusivos. Además, sostuvo que se violan disposiciones constitucionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte, la Procuraduría General de la República solicitó declarar la acción inadmisible. Sin embargo, el TC rechazó ese planteamiento y validó la legitimidad del recurso.
Bloque de constitucionalidad y fundamento legal
El tribunal explicó que, desde la reforma constitucional de 2010, los tratados internacionales tienen rango constitucional. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la prohibición de la usura y la explotación económica.
Por ello, el TC concluyó que la derogación previa se volvió inconstitucional de forma sobrevenida.
Impacto del fallo
Con esta decisión, el Estado dominicano deberá reforzar la persecución de los préstamos con intereses abusivos. Finalmente, el fallo reabre el debate sobre la regulación del crédito informal y la protección de los consumidores financieros.
