mayo 14, 2025
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Terminación de obras de Las Parras se pautó por 154.8 millones de pesos

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La conclusión cordial de los contratos de edificación de la prisión La Nueva Victoria, ahora conocida como Las Parras, implicó una transacción entre la Fiscalía y las compañías adjudicatarias de las obras por 154.8 millones de pesos. Este importe será descontado de los fondos retenidos por garantía de vicios ocultos estipulada en los contratos, evitando así que las empresas tengan que realizar nuevos desembolsos a favor del Estado.

La Fiscalía llegó a acuerdos con las empresas Constructora Pablo Yarul & Asociados, S.R.L., Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L. y el Consorcio Remix-Rotilla, todas ganadoras de cuatro de los cinco lotes en los que se subdividió la construcción de Las Parras durante el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario llevado a cabo durante la gestión de Rodríguez a partir de 2018.

Aunque las obras fueron inauguradas en 2020, las investigaciones del caso Medusa determinaron que la cárcel quedó inconclusa, con problemas de diseño, y se suman las acusaciones de supuestos sobornos pagados por los contratistas a cambio de la adjudicación.

La información fue proporcionada a Diario Libre por el fiscal adjunto Rodolfo Espiñeira, en representación de la fiscal Miriam Germán Brito en el caso de corrupción conocido como Medusa, que tiene al exfiscal Jean Alain Rodríguez como principal acusado.

“Por la finalización, no tendremos que entregarles a ellos 154,819,807.32 pesos”, afirmó el fiscal adjunto, señalando que esto representa aproximadamente el 85 % del dinero retenido a esas empresas por garantía.

Espiñeira explicó que este dinero estaba previsto para ser pagado, y ahora las empresas lo ceden. Se considera una cesión parcial, ya que hubo aspectos que sí se reconocieron. Estos 154 millones representan alrededor del 84 o 86 % de todo el dinero retenido.

Esta retención se basaría en las acusaciones de que la obra quedó incompleta.

Los ejecutivos de estas empresas figuran como testigos en la acusación de Medusa, aunque ninguno está siendo acusado penalmente en los tribunales. Por tanto, se trata de una terminación “amigable de mutuo acuerdo”, únicamente en el ámbito civil, subrayó el fiscal adjunto.

Además, existe un valor aún no estimado por materiales en obra que también quedará en beneficio de la Fiscalía.

“Es un beneficio para el Estado, ya que nos quedamos con un porcentaje y se llevó a cabo de forma civil”, añadió Espiñeira.

Los montos de los contratos

Los acuerdos alcanzados para la finalización de las obras faltantes de Las Parras superaron los 3,000 millones de pesos.

El Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, SRL, fue adjudicado con el Lote I de La Nueva Victoria por 946.1 millones de pesos. Según el expediente de Medusa, se esperaba que pagara un soborno de 145,000,000 de pesos.

Al Consorcio Remix-Rotilla, SRL, se le adjudicó el Cuadrante B, Lote 2, por $971,638,698.63, mientras que la Constructora Pablo Yarull & Asociados obtuvo el Lote 3, Cuadrante C, por 955,333,530 pesos.

El Lote 4 fue entregado a la Constructora Woxxen, S.R.L. por 692 millones de pesos originalmente, más una adenda de 106 millones. El presunto soborno que debía pagar era de 138 millones.

Además de las empresas con las que la Fiscalía llegó a acuerdos, también participó en la construcción de Las Parras la empresa Mac Construcciones, SRL, adjudicada con el lote 5 por 1,298.8 millones de pesos. La empresa, representada por Lisandro José Macarrulla Martínez, fue procesada por delitos de soborno, desfalco y asociación de malhechores, cargos que admitió como parte de un acuerdo con la fiscalía.

Según la información proporcionada por el magistrado Espiñeira, el monto total de los acuerdos con esta y otras empresas procesadas judicialmente asciende a 170, 851,995.75 pesos. Sumado a los 154.8 millones de los acuerdos amigables, se recuperan aproximadamente 325.6 millones de pesos de la presunta estafa contra el Estado, que la fiscalía estima en 6,000 millones de pesos.

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