RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.-El Senado de Texas aprobó este miércoles un proyecto de ley que autoriza a ciudadanos a presentar demandas contra cualquier persona que facilite la entrega de píldoras abortivas en el estado, donde el aborto está estrictamente prohibido. La medida fue aprobada por 17 votos a favor y 9 en contra.
La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes estatal a finales de agosto, está ahora a la espera de la firma del gobernador Greg Abbott para convertirse en ley.
La legislación permite que cualquier ciudadano pueda demandar a un presunto infractor y exigir una indemnización mínima de 100,000 dólares. Aunque no contempla sanciones para las mujeres que busquen obtener las píldoras, prohíbe su prescripción, fabricación y envío dentro del estado.
El senador republicano Bryan Hughes, uno de los principales promotores de la norma, justificó la ley como un intento de “proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y evitar que las farmacéuticas distribuyan lo que calificó como “pastillas tóxicas” en Texas.
Por su parte, la senadora demócrata Carol Alvarado criticó la medida al considerar que convierte a los ciudadanos en “cazarrecompensas”, en referencia al incentivo económico para denunciar a terceros involucrados en el proceso.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó en 2022 el fallo Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal, más de 20 estados han prohibido o restringido severamente su acceso. Texas es uno de los estados con las leyes más estrictas, permitiendo la interrupción del embarazo solo cuando hay riesgo grave para la vida o la salud de la madre, sin excepciones por incesto o violación.
Casos recientes reflejan el impacto de estas leyes. Un médico de Nueva York fue multado con 100,000 dólares en Texas por recetar píldoras abortivas a distancia, y enfrenta cargos penales en Luisiana. Además, en julio, un residente de Texas demandó a un médico de California por supuestamente enviar píldoras abortivas a su pareja.
La entrada en vigor de esta ley podría intensificar el debate nacional sobre los derechos reproductivos y la legalidad de la atención médica a través de la telemedicina entre estados.
