RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden presidencial que autoriza al Ejército a tomar control de terrenos federales a lo largo de la frontera con México, como parte de su estrategia para endurecer la política migratoria del país.
La medida instruye a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Agricultura a facilitar el traspaso de estos terrenos públicos al Departamento de Defensa en un plazo de 45 días.
La orden menciona específicamente la “Reserva Roosevelt”, una franja de tierra de unos 20 metros de ancho que se extiende aproximadamente 1.000 kilómetros desde Nuevo México hasta California, paralela a la línea fronteriza.
Aunque el documento no detalla las actividades exactas que el Ejército realizará en estas zonas, la decisión amplía la presencia militar en áreas tradicionalmente gestionadas por agencias civiles.
Según reportes previos del Washington Post, el Gobierno evaluaba permitir que soldados estadounidenses participaran directamente en la detención de migrantes que crucen de manera irregular, una posibilidad que ha generado inquietud entre expertos legales sobre el alcance del uso de fuerzas armadas en funciones policiales.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha incrementado significativamente el papel del Pentágono en asuntos migratorios.
Además del despliegue de miles de militares en la frontera sur, su administración ha empleado aviones del Ejército para transportar migrantes, incluyendo vuelos hacia la base naval de Guantánamo, en Cuba.
El anuncio de este viernes se produce en un contexto de notable disminución de cruces irregulares en la frontera.
En febrero, las autoridades reportaron menos de 30.000 detenciones, una caída sustancial en comparación con las 124.000 registradas en diciembre pasado, durante la administración anterior de Joe Biden.
La medida ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores conservadores la aplauden como un paso firme en la defensa de las fronteras, organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales advierten sobre el riesgo de una mayor militarización de la política migratoria y sus posibles implicaciones constitucionales.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha ofrecido detalles adicionales sobre los próximos pasos operativos ni sobre el presupuesto que respaldará esta nueva fase en el control fronterizo.
