RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente Donald Trump ha emitido un ultimátum a las escuelas y universidades de Estados Unidos, exigiendo que eliminen las iniciativas de diversidad o enfrenten la pérdida de fondos federales.
Esta orden, que otorga un plazo de 14 días para la implementación de los cambios, ha generado incertidumbre y preocupación entre las instituciones educativas a nivel nacional.
En un memorando emitido el pasado viernes, el Departamento de Educación instruyó a las instituciones a cesar el uso de preferencias raciales en áreas como admisiones, ayuda financiera, contratación y otros procesos.
Esto incluye la eliminación de prácticas como el uso de ensayos personales que puedan reflejar la raza del solicitante y eventos de graduación o dormitorios segregados por raza. Además, las iniciativas de reclutamiento de maestros de grupos subrepresentados podrían ser vistas como discriminación.
La medida parece alinearse con la decisión de la Corte Suprema de 2023, que prohibió el uso de la raza como factor en las admisiones universitarias, y amplía esa interpretación a otros aspectos del sistema educativo. La orden busca abordar lo que el gobierno considera una discriminación en contra de estudiantes blancos y asiáticos, quienes, según los funcionarios de la administración, habrían sido desfavorecidos por las políticas de diversidad de las universidades.
En su justificación legal, el memorando señala que las instituciones ya no pueden tratar a los estudiantes de manera diferente por motivos de raza, citando que “todos deben ser evaluados según su mérito, logros y carácter”, según Craig Trainor, secretario asistente interino de derechos civiles.
El memorando también afecta a programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), los cuales fueron objeto de una orden ejecutiva del presidente Trump para ser eliminados.
Como parte de esta ofensiva, el Departamento de Educación también recortó 600 millones de dólares en subvenciones destinadas a la capacitación de maestros, específicamente aquellas que promovían DEI, teoría crítica de la raza y el activismo por la justicia social.
El plazo de 14 días ha dejado a muchas universidades en una situación de incertidumbre. En la Universidad de Michigan, por ejemplo, su rector expresó en una carta al campus que están trabajando para comprender completamente las implicaciones del memorando. Entre las preocupaciones destacan los cambios en las admisiones universitarias y los requisitos de pruebas estandarizadas, que algunas universidades, como Michigan, han optado por eliminar en los últimos años.
Aunque algunas universidades han declarado que sus programas cumplen con las leyes federales, otras expresaron que el tiempo otorgado para adaptarse a estos cambios es insuficiente. La Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes indicó que la falta de claridad podría afectar la ayuda financiera de los estudiantes, generando más incertidumbre para aquellos que dependen de estos fondos para financiar su educación.
A pesar de la confusión generalizada, la administración de Trump continúa defendiendo sus acciones, argumentando que el objetivo es eliminar la discriminación y asegurar que las decisiones en el sistema educativo se tomen basadas en el mérito y no en la raza.
Esta medida marca un punto de inflexión en la lucha por las políticas de diversidad en el ámbito educativo en EE. UU., dejando a las instituciones con poco tiempo para adaptarse a los nuevos lineamientos federales.
