RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Fundación Primero Justicia, representada por su presidente Surún Hernández, acompañado de un grupo de juristas, presentó una acción de protección ante la Junta Central Electoral (JCE), demandando la emisión de una resolución que ponga fin al uso generalizado de ayudas sociales para la compra de votos y manipulación de líderes de la oposición.
La entidad recordó el artículo 210 de la Ley 20-23, del régimen electoral, que prohíbe explícitamente la utilización y el abuso de los programas sociales con fines políticos. Hernández resaltó que esto constituye una violación del principio de equidad y transparencia en los procesos políticos.
Asimismo, indicó que la utilización de bonos navideños como mecanismo de coacción y manipulación del sufragio es una práctica inadmisible que menoscaba la democracia.
Subrayó que, en virtud del artículo 212 de la Constitución, la JCE está obligada a tomar medidas preventivas para asegurar la equidad en los procesos electorales, especialmente cuando se trata de un plan para inducir la abstención financiera de la oposición mediante la compra de votos con bonos.
Denunció un presunto plan de compra de votos y cédulas desde la presidencia, involucrando a gobernadores provinciales, presidentes provinciales y municipales, así como líderes de bloques.
Además, cuestionó la falta de transparencia de la Junta Central Electoral al restringir la entrega de las actas de escrutinio correspondientes al nivel de diputados, lo que podría facilitar posibles fraudes electorales, como los ocurridos anteriormente con los concejales.
Finalmente, resaltó la necesidad de garantizar la integridad de los procesos electorales y señaló la presunta complicidad de la Junta Central Electoral en casos de fraude.
