RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Contratistas y Suplidores de la República Dominicana (ACS) advirtió sobre similitudes entre el proyecto de reforma a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la anulada Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En una rueda de prensa, la ACS señaló que varias disposiciones del proyecto podrían vulnerar derechos fundamentales y afectar el desarrollo económico del país.
El artículo 11, numeral 21, del proyecto concede a la Dirección General de Contrataciones Públicas amplias facultades para requerir información, incluso a personas no vinculadas directamente a procesos de contratación. Según la ACS, esta disposición podría abrir puertas a abusos y violaciones a la privacidad.
Además, el artículo 111 restringe modificaciones o retiros de propuestas tras la apertura técnica, penalizando a los proveedores sin considerar situaciones de fuerza mayor. Por otro lado, el artículo 152 limita la subcontratación al 30 %, lo que resulta inadecuado para sectores como la construcción, donde la subcontratación es clave para ejecutar proyectos eficientemente.
Sanciones desproporcionadas
El artículo 4 del proyecto establece inhabilitaciones de hasta diez años por incumplimientos, sin contemplar factores externos como retrasos en pagos estatales o la obtención de permisos. Para el presidente de la ACS, Zoilo Taveras, estas sanciones no solo son desproporcionadas, sino que impactarían negativamente en la estabilidad del sector suplidor y la economía nacional.
Llamado a revisión
La ACS instó al Congreso Nacional a revisar el proyecto, considerando sus posibles implicaciones en los derechos fundamentales y el desarrollo económico. Con el texto aprobado ya en el Senado, el sector suplidor espera que la Cámara de Diputados contemple modificaciones que equilibren los intereses de todas las partes involucradas.
