RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó este viernes los detalles de la Ley núm. 82-25, promulgada el 7 de agosto. La normativa establece un marco moderno y unificado para el régimen del bien de familia.
Eliminación de impedimentos y acceso a crédito
La ley permite que los inmuebles beneficiados por el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado queden libres de la condición de bien de familia. Esto elimina restricciones de libre disposición y facilita que miles de familias accedan a crédito formal.
Paliza señaló que la norma protege la vivienda fomentada por el Estado. “Los hogares no podrán ser embargados ni vendidos en contra de la voluntad de sus propietarios. Al mismo tiempo, ofrecemos un marco más ágil para la gestión del patrimonio de quienes recibieron un terreno público titulado”, dijo.
Coordinación y seguridad jurídica
El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, indicó que la ley unifica criterios y procedimientos. “Eliminamos trabas innecesarias y damos mayor claridad y seguridad jurídica a las familias sobre sus propiedades”, afirmó.
La legislación mantiene la protección de inmuebles construidos con fondos públicos en planes de vivienda de bajo costo o programas estatales de financiamiento. Estos bienes no podrán ser vendidos ni embargados.
Beneficios económicos para los titulares
Rafael Burgos, director de Bienes Nacionales, explicó que la ley permite que propietarios y sus descendientes utilicen el título de propiedad como garantía en situaciones económicas críticas.
La presentación contó con la participación del ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Cristóbal Castillo; y el viceministro de la Presidencia, Roger Pujols, entre otros.
Con la entrada en vigor de esta normativa, el Gobierno busca equilibrar la protección de la vivienda familiar con oportunidades para el crecimiento económico, facilitando mecanismos más flexibles y seguros para gestionar el patrimonio de las familias.
