RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados de República Dominicana aclaró este jueves que la reciente aprobación del aumento en los topes presupuestarios asignados a los ayuntamientos no contempla incrementos salariales para alcaldes ni regidores.
La medida enfatizó el órgano legislativo, busca exclusivamente fortalecer la operatividad de los gobiernos locales y mejorar la calidad de los servicios municipales.
En un comunicado oficial, la Cámara explicó que esta modificación responde al marco de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios y está orientada a garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de descentralización y autonomía municipal.
La institución subrayó que la medida se alinea con el mandato del artículo 140 de la Constitución, que prohíbe explícitamente aumentos de remuneración por parte de las propias autoridades beneficiadas.
Redistribución del aumento para eficiencia municipal
El ajuste presupuestario contempla una redistribución estructurada de los fondos municipales para asegurar una mejor prestación de servicios y el fortalecimiento institucional.
Las partidas serán orientadas de la siguiente manera:
- Servicios municipales (40 %): limpieza, iluminación, seguridad comunitaria y mantenimiento general.
- Infraestructura menor (25 %): caminos vecinales, parques, drenaje pluvial y obras de bajo impacto.
- Fortalecimiento institucional (15 %): capacitación de personal, digitalización de procesos y mejora en sistemas de control y supervisión.
- Programas sociales y comunitarios (15 %): iniciativas enfocadas en juventud, género, medio ambiente y cultura local.
- Emergencia y resiliencia (5 %): preparación ante desastres naturales, salud comunitaria y respuesta rápida.
Sin impacto en beneficios personales
La Cámara de Diputados insistió en que los nuevos topes presupuestarios tienen como único objetivo dotar a los gobiernos locales de mejores herramientas para atender demandas ciudadanas.
“No se contempla ningún aumento en sueldos, dietas o beneficios personales para alcaldes ni regidores”, señala el documento.
La medida ha sido recibida con atención por diversos sectores de la sociedad, algunos de los cuales han pedido una fiscalización estricta.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su respaldo al fortalecimiento de la descentralización, pero advierten sobre la importancia de evitar usos políticos del presupuesto municipal.
La modificación a la Ley 176-07 busca consolidar una gestión local más eficiente, autónoma y capaz de responder a los desafíos del desarrollo territorial.
Todo esto, sin afectar los principios de responsabilidad fiscal y ética pública.
