RDÉ DIGITAL, HAITÍ (EFE).- Un informe publicado este miércoles por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) revela que al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en el país entre julio y septiembre de este año, a causa de la violencia y los enfrentamientos con bandas criminales.
Entre las víctimas se cuentan seis niños de apenas 10 años, y se registraron 170 casos de secuestros con fines de rescate.
El informe detalla que la mayoría de los incidentes se documentaron en el área metropolitana de Puerto Príncipe, seguida de las regiones de Artibonite y Grand’Anse.
En el trimestre anterior, de abril a junio, se reportaron al menos 945 muertes y 434 heridos debido a la violencia en Haití, lo que refleja un deterioro continuo en la seguridad del país.
Además, se enfatiza la preocupación por las ejecuciones sumarias en las que estarían implicadas unidades especializadas de la Policía Nacional.
El informe también destaca el alarmante aumento de actos de violencia sexual perpetrados por las bandas, con varias víctimas atacadas mientras se desplazaban a pie o en transporte público. Algunas de estas víctimas fueron asesinadas tras sufrir agresiones sexuales.
El impacto de la violencia en los niños es especialmente preocupante. En el tercer trimestre de este año, al menos 59 menores fueron asesinados o heridos a causa de diversos actos de violencia, incluidos secuestros y explotación sexual. Los niños también han sido víctimas de trata y reclutamiento por parte de bandas.
Ante esta situación, la Binuh insta a la comunidad internacional a mantener a Haití en su agenda de seguridad y acelerar el despliegue completo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, conforme a las normas y estándares de derechos humanos.
Asimismo, recomienda a los Estados de la región que intensifiquen las inspecciones de cargamentos con destino a Haití, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que imponen un embargo de armas.
También sugiere que el Gobierno haitiano implemente de manera efectiva un proceso de investigación de antecedentes para los miembros de la Policía Nacional y lleve ante la justicia a aquellos agentes involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
