RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en primera lectura, el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que regulará las relaciones entre propietarios de viviendas e inquilinos.
El proyecto, que contiene un capítulo dedicado al procedimiento para los desalojos por falta de pago, establece que el proceso iniciará con una citación del fiscalizador, quien deberá decidir sobre el asunto en un plazo de 30 días. La decisión del fiscalizador, autorizando o prohibiendo el desalojo, será irrevocable, no estará sujeta a recurso de oposición y se ejecutará de inmediato.
Una vez dictada la sentencia, un alguacil encargado se trasladará al lugar del alquiler y procederá con la instrumentación del desalojo o el embargo, según corresponda. Antes del desalojo, el alguacil pedirá al inquilino una dirección para depositar sus pertenencias y, en caso de no tener ninguna, el mobiliario se recibirá en un almacén de Monte de Piedad.
Uno de los artículos establece que los propietarios deberán entregar recibos de pago cuando reciban las rentas. Además, los gastos legales relacionados con el contrato de alquiler serán cubiertos en partes iguales por el propietario y el inquilino. En caso de un reajuste en el precio del alquiler, el aumento no podrá exceder el 10 % del valor de la renta, según el artículo ocho del proyecto.
Los depósitos, que son pagos anteriores a la renta, no deberán exceder dos meses del valor del contrato. El artículo 22 del documento prohíbe a los propietarios discriminar a posibles inquilinos por etnia, raza, credo, condición social, ser o no extranjero, u otras formas de discriminación.
El proyecto se conocerá a partir del 16 de agosto con las modificaciones necesarias.
