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octubre 11, 2024
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El bullying en el país se ha normalizado con secuelas

El ocho de agosto, 20 días antes del inicio del año escolar 2023-2024, el Ministerio de Educación emitió la Ordenanza número 05-2023, la cual modificó el manual de las normas del sistema educativo público y privado, con miras a fortalecer y promover un ambiente adecuado para el mejor desarrollo de dicho proceso.

La disposición tiene como objetivo reducir los casos de acoso o bullying y violencia, cuya prevalencia continúa siendo alta, sobre todo en las escuelas públicas. También busca crear un clima de armonía, respeto y disciplina que favorezca los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, en el marco del cumplimiento de sus derechos y responsabilidades.

El acoso escolar es una forma de discriminación en el ámbito escolar que sufre una parte significativa de estudiantes. Afecta su autoestima, emociones y salud mental, en general, además de vulnerar sus derechos.

Durante el pasado año escolar en los centros educativos públicos de la República Dominicana se registraron 2,450 casos de bullying , la mayoría de ellos entre estudiantes de 12 a 15 años. Para abordar este comportamiento, que replica patrones de los hogares y la sociedad misma, las autoridades aplican desde hace años un protocolo “para la promoción de la cultura de paz y el buen trato en los centros educativos”.

Aunque el protocolo no evita la ocurrencia de los hechos, busca dar respuesta de forma oportuna, en tiempo y forma, para que se entienda que ni las autoridades docentes ni personal de apoyo de las escuelas son cómplices del agravio.

Según especialistas, el protocolo establecido deja de lado una realidad inocultable en la República Dominicana: que las manifestaciones de acoso tienen una alta tolerancia cultural. Se fueron normalizando “porque eran cosas de muchachos” y se agravó con los años y la llegada de las redes sociales, explican.

El caso de Yeiron

La aplicación del mencionado protocolo no se cumple en todos los casos, y llegó tarde para el niño Yeiron Almánzar Cabrera, de 12 años, quien falleció en mayo pasado a consecuencia de los golpes ocasionados por un compañero de clases en la Escuela República de Panamá. El caso fue judicializado.

Hubo indicios de acoso y violencia, de acuerdo a Abraham Cabrera, tío del menor, quien dijo a los medios de comunicación que Yeiron se defendía de algunos compañeros de clase, para que no le quitaran su merienda.

El protocolo, que está vigente desde el 2016, no se siguió en este caso, pues luego de un enfrentamiento entre la víctima y uno de sus compañeros, en la escuela se decidió enviar al agresor a su casa, sin dar seguimiento a la situación.

El agresor esperó a Yeiron debajo de la escalera de la escuela y le propinó golpes en la cabeza y distintas partes del cuerpo. El menor murió 20 días después.

La Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación han brindado apoyo, tanto a los padres del niño fallecido, como al agresor y a sus progenitores.

¿Qué tratamiento se da al bullying en las escuelas?

El abordaje de los casos de acoso se hace en dos niveles: uno preventivo y otro de intervención, ante actuaciones comprobadas.

Betty Reyes Ramírez, asesora de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, explica que el primer paso consiste en la identificación de los casos. Pueden registrase situaciones en un centro educativo y su entorno, capaces de poner en alerta a las autoridades.

Sin embargo, el bullying tiene distintas manifestaciones que retan a quienes deben frenarlo. En los casos en que solo hay intimidación y exclusión puede ser más difícil descubrirlo. Cuando hay agresión física se interviene de manera inmediata.

“Trabajamos con los maestros para que miren cambios de comportamiento que puede haber en los estudiantes, que estén atentos en los recreos cuando hay alguno que se aísla y no quiere participar del receso; eso es una información importante. También, cuando hay cambios en el rendimiento académico. Estos son elementos fundamentales para una intervención”, explicó Reyes a Diario Libre.

A los casos de acoso o bullying que se detectan se les aplica el protocolo y una vez identificada una situación se recogen las informaciones. “Entonces se trabaja con la persona que ha participado en la situación como acosador y quien ha recibido el acoso; o con los grupos, porque también se da el acoso entre grupos”, indica la asesora.

Es un problema multifactorial

El bullying entre estudiantes sucede por también por problemas de interculturalidad. Por ejemplo, entre haitianos y dominico-haitianos; por condiciones de discapacidad, un estudiante se vuelve más vulnerable ante sus compañeros. También se expresa cuando no se tienen las mismas habilidades sociales.

Reyes Ramírez afirma que una característica muy usual en los chicos acosadores es que son socialmente hábiles e imponen miedo a las o los acosados.

“Influye mucho en esto la situación económica de la familia, la apariencia física, la falta de higiene y en los que se nota que hay una diferencia dentro de la misma escuela, con realidades de marginalidad que reflejan mayor nivel de pobreza”, explica. Agrega que todos estos son factores de riesgo para sufrir acoso.

Reyes dice que entre los estudiantes de clase media que acuden a los centros educativos, se han reportado casos por un tema de estatus social, de acoso entre ellos; sobre todo, en el caso de las niñas, que son más difíciles de detectar, porque los varones recurren a la violencia, generalmente.

“En este caso es más silente y se manifiesta con la exclusión de una o un grupo, que según entienden no cumplen con las expectativas, o no quieren que sean las líderes”, argumenta.

Se ha normalizado el bullying y la violencia

Desde hace décadas, la prevalencia de acoso y violencia escolar es alta en las escuelas públicas de la República Dominicana. Diariamente en la plataforma de incidencias del Ministerio de Educación se registran cientos de hechos violentos, que incluyen agresiones físicas, verbales y sexuales que ocurren en los centros educativos y en sus entornos.

Un informe reciente del Ministerio de Educación, dado a conocer en abril de 2023, registra 20,120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes, dentro y fuera de los centros educativos, y 1,724 casos entre docentes y estudiantes.

Para muchos padres es “normal” que sus hijos tengan algún tipo de roce con otros estudiantes y por lo general minimizan la magnitud del hecho. También, que algunos maestros se hagan de la vista gorda con los casos, porque los consideran situaciones cotidianas.

 

«Los padres y los hijos han normalizado estos hechos y no entienden que es un problema que violenta el derecho y la dignidad de los otros» Betty Reyes Ramírez Asesora de la Dirección de Orientación y Psicología del Minerd

 

Un caso que se hizo viral fue el de la maestra Ana Elia Mateo Abad, de la Escuela Marta Rosa Castillo, de Boca Chica, quien junto a la sargento de la Policía Escolar Orquídea Medina Féliz incitaron una pelea en plena aula entre dos niños.

Un video de la pelea se publicó en las redes sociales y ambas fueron desvinculadas del Ministerio de Educación y la Policía.

Otras razones. Reyes apunta que hay niños han recibido todo lo que quieren en su entorno familiar y entienden que así es la vida, que siempre van a recibir los primeros lugares. Eso, considera, puede propiciar que se conviertan en acosadores.

“Pasa mucho con los varones, quienes resuelven la situación desde la perspectiva de la violencia, modelo social con los cuales convivimos”, explica.

Advierte que en el contexto familiar, con los varones se valida mucho ese comportamiento. Considera que tanto padres como hijos han normalizando estos hechos y no entienden que eso es un problema, y que realmente están violentando el derecho y la dignidad de los otros.

La mediación con las familias es complicada

El Ministerio de Educación ha dotado a los centros educativos de unas fichas para que las familias de los estudiantes vinculados a casos de acoso, se autoevalúen.

 Luego se dialoga con las familias para obtener informaciones que traspasan el espacio escolar y familiar.

El protocolo establece que los padres deben crear un canal abierto de comunicación y confianza con los hijos, mediante los cuales estos puedan expresar sus sentimientos libremente, sobre todo lo bueno y lo malo que estén viviendo.

También se les instruye a estar alerta ante síntomas fáciles de camuflar, como el nerviosismo (por algún acontecimiento novedoso); falta de apetito (“he merendado mucho y en la escuela también he comido mucho”); insomnio (el niño se levanta inquieto durante la noche, pero los padres y madres no se dan cuenta de ello); bajo rendimiento escolar (“las asignaturas son muy difíciles”) y fobia (inventar alguna dolencia para no ir a la escuela).

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Estudiantes de los centros educativos públicos fueron atendidos por situaciones emocionales de diversa índole.

 

“Cuando se registra un hecho, procedemos a recoger la información. Ahí tienes que dialogar con la familia del agresor”, manifiesta la asesora del ministerio.

Agrega que con esa estrategia “se descubren muchas cosas, como situaciones de vulnerabilidad en el propio contexto familiar, o de validación de esas conductas”.

Muchos padres te dicen -destaca- que eso es normal y que los llamen si pasa algo más grave. O también te dicen: “Eso lo hacíamos nosotros”, minimizando la situación, a pesar de que “eso no se puede pasar por alto”.

En el caso de la familia del agredido, por lo general se quiere, tomar represalias contra el agresor, pues entienden que es la mejor vía para resolver el conflicto.

“Por eso trabajamos con ambas partes, para hacerles entender que no es normal este tipo de conducta, que tenemos que mejorar esos patrones para que exista una sana convivencia entre los estudiantes en las escuelas”, concluye la asesora de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/24/imagen-estudiantes-dominicanos.jpg

Condiciones económicas y multiculturales influyen en el acoso.

 

 

Ni expulsión ni traslado a estudiantes agresores

Está prohibida la expulsión o traslado de los estudiantes acosadores, pues se les debe garantizar el derecho universal a la educación y se trabaja con ellos en el centro educativo con un acompañamiento de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación.

En los casos en que el estudiante entra en un conflicto con la ley y hay situaciones agravantes, se trabaja con el apoyo de la Procuraduría y la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.

A los agresores se les aplica una suspensión dentro del mismo centro. Durante esta, el estudiante no está dentro del aula, con el grupo, pero sí en un área del plantel, con tareas específicas que tiene que realizar para seguir su proceso educativo. La media se aplica de acuerdo con la familia.

 

 

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