RDÉ DIGITAL.- Santo Domingo no puede seguir administrando sus problemas urbanos mirando hacia otro lado. Una ciudad moderna no se construye negando sus realidades, sino ordenándolas con inteligencia, sentido humano y autoridad democrática.
El transporte en motocicletas, conocido popularmente como motoconcho, está presente en cada sector del Distrito Nacional. Para miles de ciudadanos representa una forma rápida de moverse. Para miles de trabajadores, una vía honrada de sustento. Pero cuando un servicio opera sin registro, sin paradas definidas, sin identificación clara, sin reglas mínimas de seguridad y sin coordinación institucional, termina convirtiéndose en un problema para todos.
Pierde el usuario, que no siempre sabe quién le ofrece el servicio. Pierde el peatón, cuando las aceras, rampas y esquinas son ocupadas. Pierde el conductor, cuando la vía pública se vuelve impredecible. Y pierde también el propio motoconchista, porque la informalidad lo deja vulnerable, sin reconocimiento, sin orden y muchas veces sin protección.
Ordenar el motoconcho fue parte de mis promesas de campaña. Pero, más que una promesa, es también el cumplimiento de la ley. La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece, en su artículo 19, que los ayuntamientos tienen competencias propias sobre el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas, así como sobre la gestión del espacio público. También contempla, como competencia coordinada, ordenar y reglamentar el transporte público urbano.
De igual forma, la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone, en sus artículos 75 y 76, que el transporte en motocicletas debe ser regulado por el INTRANT en coordinación con los ayuntamientos; que corresponde a los gobiernos locales autorizar este servicio, establecer el número y la ubicación de las paradas, y crear un registro municipal de motocicletas destinadas al transporte de personas.
Por eso, a principios de este mes sometimos un borrador de reglamento municipal, que ya se encuentra en la Comisión de Tránsito, con una idea central: regular sin atropellar, fiscalizar sin abusar y ordenar sin criminalizar.
El Distrito Nacional necesita crear y administrar, en coordinación con el INTRANT y las demás autoridades competentes, un Registro Municipal de Motocicletas destinadas al transporte de personas. Ese registro permitiría identificar operadores, unidades, paradas, asociaciones y federaciones que prestan este servicio en la ciudad. Lo que no se registra, no se conoce; y lo que no se conoce, difícilmente se puede organizar.
Ese registro no debe verse como una carga burocrática, sino como una herramienta de confianza. Un motoconchista registrado, con carné, código, chaleco o distintivo visible, gana legitimidad frente al usuario y frente a la ciudad. El pasajero sabe con quién se monta. La autoridad sabe a quién supervisa. Y el propio operador deja de ser parte de una masa anónima para convertirse en un trabajador identificado y reconocido.
Otro punto esencial es la organización de las paradas. No toda esquina puede convertirse en parada. No toda acera puede ser ocupada. Las paradas deben ser evaluadas técnicamente, tomando en cuenta la seguridad vial, la movilidad peatonal, la accesibilidad universal, la demanda del servicio, la circulación vehicular y el impacto urbano.
En una ciudad que aspira a ser más caminable, ningún servicio de transporte puede estar por encima del peatón. Ordenar las paradas no significa eliminar el servicio; significa ubicarlo correctamente. Significa evitar que se bloqueen rampas para personas con discapacidad, cruces peatonales, entradas de emergencia, esquinas, hidrantes, carriles de circulación o paradas de transporte colectivo.
La seguridad debe ser otro eje fundamental. Cada motocicleta destinada al transporte de personas debe cumplir condiciones mínimas: placa, matrícula, seguro vigente y documentación legal. Además, la Ley 63-17 contempla la identificación de la placa en cascos protectores y chalecos retroreflectivos, a lo que propongo añadir un código QR como parte de las medidas para fortalecer la seguridad vial.
Este esfuerzo también puede trabajarse junto a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, porque muchos de los trabajadores que circulan en el Distrito Nacional viven en municipios colindantes y se desplazan diariamente entre distintas demarcaciones. La movilidad no termina en los límites administrativos de una ciudad. Por eso, si queremos una solución más realista, debemos pensar en clave metropolitana.
La Mancomunidad del Gran Santo Domingo agrupa ayuntamientos del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y municipios de territorios limítrofes, lo que la convierte en un espacio útil para coordinar temas comunes.
Ahora bien, hay que decirlo con honestidad: esta propuesta no es una solución total al problema de la movilidad en motocicletas, ni pretende resolver de un solo golpe todos los desafíos del tránsito o la seguridad vial en Santo Domingo. Pero sí aporta algo fundamental: organización. Y, en una ciudad donde demasiadas cosas han crecido sin reglas claras, organizar parte del caos ya es un paso importante.
La implementación debe ser progresiva: primero, levantamiento de información; luego, jornada inicial de regularización; después, señalización de paradas, identificación de operadores y coordinación con DIGESETT, INTRANT, Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Policía Municipal y gobiernos locales vecinos; finalmente, supervisión continua. La ciudad no se ordena de un día para otro, pero tampoco se transforma sin planificación, autoridad y voluntad.
Este proceso también debe servir como punto de partida para abrir una conversación más amplia con las plataformas de delivery. Particularmente, he conversado de manera informal con algunas de ellas, pero este tema necesita escalar hacia un diálogo institucional más profundo, transparente y permanente.
Las plataformas han transformado la forma en que comemos, compramos y recibimos servicios, pero también forman parte de la nueva realidad de nuestras calles. Por eso, es importante que sigan fortaleciendo sus mecanismos de seguridad, identificación, capacitación y control de sus repartidores. También debemos procurar que puedan compartir la mayor cantidad de información útil con las autoridades competentes, siempre respetando la ley, la privacidad y los canales institucionales. Saber qué ocurre en nuestras calles ayuda a tomar mejores decisiones.
Desde el Concejo de Regidores nos corresponde aprobar marcos normativos, fiscalizar y abrir el debate democrático. A la Alcaldía le corresponde ejecutar, administrar y coordinar operativamente. Cuando cada institución entiende su rol, la ciudad avanza.
No se trata de perseguir al hombre o la mujer que sale cada mañana a buscar el sustento de su familia. Se trata también de protegerlo. Porque, en una ciudad organizada, el trabajador formalizado tiene más confianza, el usuario tiene más seguridad, el peatón tiene más espacio y la autoridad tiene más capacidad de actuar.
Santo Domingo necesita soluciones aplicables, reglas claras y coordinación institucional. El motoconcho existe. La demanda existe. Los trabajadores existen. Las plataformas de delivery existen. Y los problemas también existen.
La pregunta es si seguiremos mirando hacia otro lado o si tendremos el valor de ordenar con justicia lo que durante años se dejó crecer sin reglas.
Estoy convencido de que las ciudades se cambian una calle a la vez. Esta es una oportunidad concreta para demostrar que el Distrito Nacional puede avanzar hacia una movilidad más segura, más digna y más organizada.
¡Santo Domingo tiene con qué!
Por Jorge Juan Feliz Pacheco
El autor es regidor del Distrito Nacional
