RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Los contratos de alquiler del Teatro Nacional Eduardo Brito han generado diferencias entre seis empresarios artísticos y el Ministerio de Cultura. Ante esta situación, los firmantes solicitaron al presidente Luis Abinader que interviniera para buscar una solución. El objetivo es garantizar condiciones que permitan mantener los espectáculos en el principal escenario cultural del país.
La petición fue presentada mediante una carta fechada el 5 de octubre de 2026. En ella, César Suárez Piano, Mayobanex Bautista, Pedro García, José Ramón Rodríguez F., Billy Hasbún Khoury y Eduardo Durán exponen cuatro puntos que consideran necesario revisar.
Entre sus preocupaciones figuran la vigilancia de los estacionamientos de la Plaza de la Cultura, las cancelaciones de fechas reservadas, las localidades de cortesía y el cierre del foso de la sala principal.
Cuestionan la responsabilidad sobre los estacionamientos
Los empresarios rechazan que los nuevos contratos les asignen la custodia y vigilancia de los estacionamientos y jardines de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Argumentan que esos espacios son compartidos por museos, instituciones públicas, usuarios del Metro y visitantes. Por tanto, consideran que su seguridad debe continuar bajo la responsabilidad del Estado dominicano.
Además, advierten que asumir esa tarea implicaría contratar personal de vigilancia y seguros para responder ante posibles daños o actos vandálicos. Estos gastos aumentarían los costos de producción y podrían repercutir en el precio de las entradas.
Por esa razón, solicitan que los nuevos contratos no les transfieran la responsabilidad sobre esas áreas comunes.
Proponen garantías ante las cancelaciones
Otro punto de desacuerdo es la posibilidad de retirar fechas previamente asignadas para dar espacio a actividades de instituciones públicas.
Como alternativa, los empresarios proponen recibir una notificación con al menos 120 días de anticipación. Asimismo, solicitan una compensación si el espectáculo ya está en promoción. Esta podría consistir en reducir o eliminar el alquiler de una próxima función.
Según explican, los cambios de fecha pueden provocar pérdidas por publicidad, preparación técnica y otros compromisos asumidos antes de la presentación.
Buscan reducir las localidades de cortesía
Los firmantes también consideran excesiva la cantidad de asientos que deben entregar gratuitamente por cada función en la Sala Carlos Piantini.
Según la carta, actualmente deben ceder todos los palcos y 69 de las mejores plateas. Los empresarios calculan que esas localidades representan unos RD$621,000 en ingresos no percibidos por función, sin contar los palcos.
En consecuencia, proponen reducir las cortesías a 30 plateas y recuperar al menos dos de los diez palcos. También plantean ajustar el precio del alquiler al tiempo real de uso de la sala y a las jornadas necesarias para montar cada espectáculo.
Solicitan una evaluación técnica del foso
La última petición se relaciona con el foso de la sala principal, donde anteriormente se colocaban 100 sillas para el público. Los empresarios solicitan una evaluación estructural para determinar si puede habilitarse nuevamente mediante un soporte de acero.
Sin embargo, no plantean una reapertura inmediata. Proponen que especialistas determinen si el espacio reúne las condiciones necesarias para recibir espectadores de forma segura.
Finalmente, los seis empresarios esperan que la intervención presidencial facilite el diálogo con el Ministerio de Cultura. Su objetivo es alcanzar acuerdos sobre los contratos y evitar que las nuevas condiciones dificulten la realización de espectáculos en el Teatro Nacional.
