RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno ha propuesto un proyecto de reforma fiscal con el objetivo de generar RD$10,000 millones en ingresos adicionales, eliminando “todos los incentivos y exenciones” tributarias consignadas en la Ley No.158-01, de Fomento y Desarrollo Turístico. Esta iniciativa ha generado preocupación en el sector turístico, uno de los pilares económicos del país.
Al eliminar estos beneficios fiscales, el Gobierno arriesga una de las principales fuentes de desarrollo turístico, especialmente en un momento en que busca diversificar los destinos más allá de Punta Cana, Cap Cana, Puerto Plata y La Romana, hacia nuevos polos turísticos como Miches y Pedernales. La incertidumbre radica en si los empresarios del sector turístico decidirán abandonar el país debido a la falta de incentivos.
El Proyecto de Ley de Reestructuración y Actualización Tributaria, justifica la eliminación de los incentivos señalando que el sector turístico ha disfrutado de amplias exenciones por décadas, y considera que es momento de reducirlas respetando los derechos adquiridos. Las empresas actualmente acogidas al Confotur (Consejo de Fomento Turístico) mantendrán sus beneficios tributarios hasta completar el plazo establecido, pero el proyecto no contempla nuevas exenciones ni prórrogas para las existentes.
El proyecto establece que los incentivos y exenciones de la Ley 158-01 solo podrán otorgarse a nuevas inversiones hoteleras, resorts o complejos hoteleros por un término no prorrogable de 10 años. Una vez vencido este plazo, no habrá posibilidad de renovación. Esta medida busca equilibrar la carga fiscal y fomentar la inversión sin perpetuar beneficios indefinidos.
A pesar de eliminar algunos incentivos, el proyecto de ley incluye exenciones significativas para nuevas inversiones en instalaciones hoteleras, resorts o complejos hoteleros. Estas inversiones, previa clasificación del Confotur, podrán disfrutar de exenciones del 100 % en los impuestos sobre transferencias inmobiliarias de los inmuebles donde se construirán las instalaciones, así como exenciones de tasas, derechos y cuotas relacionados con la confección de planos, estudios, consultorías y supervisión, y la construcción de las obras.
Además, los proyectos turísticos clasificados por Confotur estarán exentos del 100% de los Impuestos de Importación, Selectivo al Consumo y de la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) sobre las maquinarias, equipos, materiales y bienes muebles necesarios para su construcción e instalación. También se otorgará una exención del 50 % del impuesto sobre la renta para los intereses pagados por financiamientos nacionales e internacionales, siempre que los proyectos estén acogidos al Confotur.
El proyecto también propone la exención del 50 % del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) para los inmuebles donde se encuentran las instalaciones hoteleras, resorts o complejos hoteleros, compensable con el Impuesto sobre la Renta. Además, estos proyectos estarán sujetos a un ITBIS reducido del 10 % en la adquisición local o importación de bienes y servicios, y los turistas solo pagarán un 1% de ITBIS en la venta de bienes y servicios.
En cuanto al Impuesto Selectivo al Consumo, las adquisiciones estarán gravadas al 100 %, pero las habitaciones hoteleras no pagarán ITBIS ni Impuesto Selectivo al Consumo, proporcionando cierto alivio fiscal a los operadores turísticos.
Si el Congreso aprueba esta reforma, Confotur adquirirá un perfil más alto, convirtiéndose en el principal intermediario administrativo para que los empresarios turísticos mantengan las exenciones de las que han disfrutado.
Este proyecto de reforma fiscal, aunque busca aumentar los ingresos del Estado, plantea un reto significativo para el sector turístico. La eliminación de incentivos podría desalentar nuevas inversiones y afectar la competitividad del país como destino turístico. Sin embargo, el Gobierno confía en que las exenciones previstas para nuevas inversiones atraerán a nuevos inversores y mantendrán el dinamismo del sector.
Será fundamental seguir de cerca la evolución de este proyecto y su impacto en la industria turística dominicana, así como las reacciones de los principales actores del sector. La reforma fiscal implica un paso arriesgado, pero necesario para la sostenibilidad económica del país a largo plazo.
