RDÉ DIGITAL, HAITÍ (EFE).- El Consejo Presidencial de Transición de Haití realizó este jueves una reunión especial en Puerto Príncipe para discutir la reciente decisión del Gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos cada semana.
El encuentro contó con la participación de miembros del cuerpo diplomático y organizaciones internacionales acreditadas, donde se expresó preocupación por el impacto de estas medidas, que afectarían a 500,000 migrantes haitianos al año.
Durante la reunión, presidida por Leslie Voltaire, nuevo presidente del Consejo, también estuvieron presentes el ministro de Justicia, Carlos Hercule, junto a otros altos funcionarios de los ministerios de Economía, Defensa y Salud.
Los debates giraron en torno a la seguridad nacional y las consecuencias de lo que describen como una repatriación “incontrolada” de haitianos por parte de República Dominicana.
El Consejo, a través de sus redes sociales, calificó de “condenable” la decisión de las autoridades dominicanas, argumentando que estas deportaciones desafían los derechos de los migrantes y violan las convenciones internacionales sobre el trato a personas en situación irregular.
Esta reunión se produjo un día después de otro encuentro del Consejo donde se trató exclusivamente el tema de las deportaciones.
El primer ministro de Haití, Garry Conille, anunció el pasado martes la creación de un comité interministerial para coordinar la respuesta diplomática y humanitaria ante lo que describió como una “deportación forzada y en masa” de haitianos.
A través de su cuenta en la red social X, Conille afirmó que instruyó a las autoridades haitianas a organizar esta célula interministerial, con el objetivo de “coordinar y reforzar” la respuesta del país ante la crisis migratoria.
El primer ministro denunció que estas deportaciones representan “una violación de los principios fundamentales de la dignidad humana”, lo que ha incrementado las tensiones entre ambos países.
Por su parte, el Gobierno dominicano anunció el miércoles la implementación inmediata de un operativo que tiene como meta repatriar a 10,000 migrantes irregulares por semana, en lo que considera una medida para controlar el flujo migratorio y reforzar la seguridad en su territorio.
