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Haití enfrenta crisis electoral y violencia de pandillas

Haití enfrenta crisis electoral y violencia de pandillas

RDÉ DIGITAL, PUERTO PRINCEPE.- Haití enfrenta una crisis política y de seguridad marcada por la violencia de las pandillas, el aplazamiento de las elecciones y una respuesta internacional insuficiente. Este lunes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas examinará la situación del país, donde millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

Entre el 15 de julio y el 12 de octubre murieron 1.123 personas y otras 440 resultaron heridas, según un informe del secretario general de la ONU citado por Security Council Report. Entre los fallecidos figuraban 659 presuntos pandilleros.

Además, las operaciones de seguridad estuvieron relacionadas con el 52 % de las víctimas registradas. El balance incluye 808 muertos y heridos, entre ellos 148 personas sin vínculos con bandas armadas.

Haití aplaza elecciones en medio de la violencia

El proceso electoral sufrió un nuevo revés a comienzos de octubre. El Consejo Electoral Provisional anunció el aplazamiento de la campaña y la preparación de otro calendario. Sin embargo, el organismo no estableció una nueva fecha para las votaciones.

Un integrante del consejo confirmó a la agencia AFP que quedó descartada la primera vuelta presidencial y legislativa prevista para el 13 de diciembre. Asimismo, la segunda ronda estaba programada para febrero de 2027.

Este retraso prolonga una transición política marcada por gobiernos provisionales y dificultades para restablecer la institucionalidad democrática. Las últimas elecciones nacionales se celebraron en 2016. Posteriormente, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, profundizó el vacío de poder.

La violencia también dificulta la organización de los comicios. En municipios controlados por pandillas faltan centros de inscripción y las carreteras bloqueadas complican el transporte de materiales electorales.

A esto se suma el desplazamiento de cerca de 1,5 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Por consiguiente, numerosos ciudadanos enfrentan obstáculos para participar en las votaciones.

Intervención internacional sin suficientes efectivos

La respuesta internacional continúa por debajo de los objetivos establecidos. Al 12 de octubre, la Fuerza de Supresión de Pandillas contaba con 1.563 uniformados, frente a los 5.500 autorizados. Además, disponía de 29 civiles de los 50 previstos.

El mandato de la fuerza fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2027. No obstante, las autoridades todavía buscan completar el despliegue y fortalecer su capacidad operativa.

Mientras tanto, la situación de los menores genera preocupación. Expertos de la ONU advierten sobre el reclutamiento infantil por parte de las pandillas y denuncias de ejecuciones sumarias de niños presuntamente vinculados a grupos armados.

Por esta razón, los organismos internacionales consideran necesario reforzar la protección de la niñez y las medidas de reintegración.

Crisis en Haití agrava las necesidades humanitarias

La emergencia humanitaria también mantiene una presión creciente sobre la población. El plan de respuesta para 2026 calcula que 6,4 millones de personas necesitan asistencia urgente.

Sin embargo, al 16 de octubre solo se había financiado el 49,1 % de los 880,3 millones de dólares requeridos. Esta brecha limita la capacidad de atender a las comunidades afectadas por la violencia, el desplazamiento y la escasez de recursos.

Por otro lado, el centro de análisis Chatham House advirtió que celebrar elecciones sin condiciones adecuadas podría agravar la inestabilidad. La institución propone establecer metas verificables para garantizar una votación transparente y segura.

Una encuesta de mayo citada por ese centro señala que casi el 90 % de los consultados considera importantes las elecciones. Asimismo, el 82 % entiende que deberían celebrarse antes de finalizar 2027.

Finalmente, el Consejo de Seguridad renovó las sanciones y el embargo de armas. El Reino Unido también reclamó medidas para impedir el desvío de recursos públicos y combatir el financiamiento de los grupos armados.

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