RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Código Penal del sistema de justicia dominicano incluye la medida de orden de restricción para asegurar el distanciamiento y protección a las víctimas de violencia física, un recurso que podría fortalecerse con la aplicación de brazaletes localizadores para los agresores, según lo propuesto en un proyecto de ley del Senado.
Según la propuesta, presentada por el senador Franklin Romero, en los casos de violencia de género, los jueces podrán ordenar la utilización de un dispositivo de seguimiento telemático contra los agresores para que se abstengan de acercarse a las víctimas.
El dispositivo de seguimiento telemático es un sistema de supervisión representado en pulseras, tobilleras, brazaletes o cualquier dispositivo conectado a una red telefónica con tecnología de geoposicionamiento satelital (GPS) y que no pone en riesgo la integridad física del usuario.
Con el fin de implementar los brazaletes, el proyecto busca enmendar el artículo 309 del Código Penal, añadiendo un párrafo para incluir los localizadores.
Además, se contempla agregar un numeral en el artículo 41 del Código Procesal Penal para permitir el uso de un brazalete en los casos de violencia de género.
El proyecto de ley establece que, en los casos de órdenes de protección, el juez de la jurisdicción de atención permanente podrá ordenar el uso de un dispositivo de vigilancia que puede ser solicitado por el Ministerio Público o por la víctima querellante.
Costos y penalizaciones Si se impone el localizador de vigilancia, el juez deberá informar al agresor que el costo del dispositivo será sufragado por él, a menos que se demuestre que el agresor tiene insolvencia económica, tras un análisis financiero realizado por la Fiscalía correspondiente.
En caso de que el presunto agresor infrinja las disposiciones de la ley y se quite el dispositivo de vigilancia, el proyecto sugiere que se ordene su inmediato arresto preventivo como medida de coerción.
«Esta misma medida de arresto preventivo también se aplicará si el portador del dispositivo de localización comete un nuevo delito», especifica un párrafo del artículo siete en el proyecto de ley en estudio por el Senado.
La iniciativa legislativa también impondría sanciones a los agresores si destruyen o alteran los localizadores. Como resultado, podrían enfrentar una multa de hasta 50 salarios mínimos y ser sometidos a un proceso judicial que podría resultar en hasta tres años de prisión.
