RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La industria cinematográfica dominicana ha intensificado sus esfuerzos para alertar sobre los posibles peligros de modificar o eliminar la Ley Nacional del Cine, una normativa que ha colocado al país en un lugar destacado en el panorama cinematográfico mundial.
Hasta la fecha, gracias a esta ley, se han rodado 373 películas internacionales en el país, convirtiéndolo en un referente global en el sector.
Uno de los principales riesgos que señalan los defensores de la ley es la posibilidad de que, si se realizan cambios sustanciales, la inversión extranjera en la industria cinematográfica se traslade a otros países con regímenes de incentivos similares.
En este sentido, desde la promulgación de la ley, se han producido 437 películas dominicanas y 373 extranjeras, lo que ha contribuido a una mayor diversidad de géneros y formatos.
Los créditos fiscales y exenciones asociados a la Ley de Cine representan apenas el 0.08 % del PIB proyectado para 2024, pero los beneficios que genera este sector en términos de empleo, impuestos y capital humano cuadruplican este porcentaje.
Durante 2023, las producciones cinematográficas pagaron más de RD$1,500 millones en impuestos, incluyendo el ITBIS y el impuesto sobre la renta.
La industria del cine ha sido un motor clave para la creación de empleo en el país, generando más de 25,000 empleos directos e indirectos desde 2022.
Además, ha contribuido a la equidad de género, con un 55 % de los empleos ocupados por mujeres y un 79 % de los trabajadores con formación técnica. Asimismo, el 88 % de los proveedores de servicios contratados son micro y pequeñas empresas, lo que impulsa el desarrollo de este sector en la economía local.
La venta de entradas también refleja el impacto positivo de la industria: en 2023 se vendieron 4 millones de boletos de cine, de los cuales un 20 % correspondieron a producciones locales.
Los defensores de la Ley Nacional del Cine instan a las autoridades a actuar con prudencia al considerar cualquier modificación, ya que esto podría provocar la fuga de inversiones extranjeras hacia otros países con legislaciones similares. Sostienen que, si bien es razonable sopesar ajustes fiscales, estos no deben afectar un sector que se ha convertido en una fuente importante de empleos, inversión y formación de talento.
