RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) enfrenta una creciente presión financiera por los litigios derivados de las desvinculaciones ejecutadas tras el cambio de gobierno de 2020.
Varias sentencias emitidas por tribunales dominicanos obligan al Estado a pagar salarios caídos, prestaciones e indemnizaciones a exfuncionarios diplomáticos que alegan haber sido separados sin cumplir el debido proceso.
Uno de los casos más costosos es el del diplomático Manuel Moisés Crespo Pérez, cuyo expediente ya supera los RD$18 millones en salarios acumulados desde su desvinculación en 2020.
La cifra continúa aumentando mientras no se produzca el reintegro ordenado por los tribunales.
El caso que podría seguir aumentando
El Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia y posteriormente el Tribunal Constitucional fallaron a favor de Crespo Pérez.
Las decisiones concluyeron que el diplomático tenía condición de funcionario de carrera y que no podía ser destituido sin agotar el procedimiento legal correspondiente.
La Cancillería sostiene que el funcionario no prestaba servicios efectivos desde 2018 debido a licencias médicas prolongadas y que no existen registros formales de reincorporación posterior.
Sin embargo, las sentencias mantienen la obligación estatal de continuar acumulando los salarios pendientes.
Más litigios podrían generar nuevas obligaciones económicas
Otros procesos judiciales todavía abiertos podrían ampliar el impacto económico para el Estado.
El exembajador alterno ante la ONU, Juan Ramón Ávila Ceballos, obtuvo una sentencia favorable en primera instancia luego de ser desvinculado mediante decreto presidencial.
Aunque el Mirex recurrió la decisión ante la Suprema Corte y solicitó suspender su ejecución, el caso mantiene abierta la posibilidad de nuevos pagos millonarios por salarios retroactivos e indemnizaciones.
No todos los demandantes lograron reintegros
Otros exfuncionarios no consiguieron que los tribunales reconocieran su condición de miembros de la carrera diplomática.
Ese fue el caso de Jorge Alberto de León Amparo, cuyo reintegro fue rechazado por el TSA tras determinarse que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción.
Aun así, el tribunal ordenó el pago de beneficios laborales pendientes.
Un escenario similar enfrentó Irma Milagros Castro. Aunque no fue reconocida como funcionaria de carrera, la sentencia dispuso compensaciones económicas parciales.
Debate sobre el costo de la carrera diplomática
Los litigios han reabierto la discusión sobre el costo financiero de las desvinculaciones masivas realizadas tras los cambios de administración política.
También han puesto bajo revisión el funcionamiento histórico del servicio exterior dominicano, señalado durante años por la existencia de funcionarios asignados a posiciones diplomáticas sin funciones claramente verificables.
La controversia jurídica gira en gran parte alrededor de la Ley 630-16 del Servicio Exterior y la Ley 41-08 de Función Pública, normas que han sido interpretadas de manera distinta por tribunales y especialistas en derecho administrativo.
Mientras continúan los procesos judiciales, el Estado dominicano enfrenta el riesgo de asumir pagos millonarios adicionales derivados de sentencias pendientes y posibles reintegros en la Cancillería.
