RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Las motocicletas representan el 57 % del parque vehicular de República Dominicana y son el medio de transporte más usado, ya sea para trabajo, movilidad familiar o servicio público. Sin embargo, menos del 1 % de los 3.6 millones de motociclistas registrados posee licencia activa, y la mayoría carece de seguro vigente.
La Ley 146-02 de Seguros y Fianzas establece el seguro obligatorio desde 2002, pero los límites de cobertura quedaron desfasados. Por ejemplo, un motorista contaba con un mínimo de 50,000 pesos, insuficiente para cubrir lesiones graves o fallecimientos.
Según datos de Seguridad Vial 2024, murieron 3,114 personas en accidentes de tránsito, de las cuales el 65 % se desplazaba en motocicleta. Los jóvenes de 20 a 24 años concentran la mayor mortalidad.
Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), explicó: “De 3.6 millones de motoristas, solo 31,000 tienen licencia activa. Cerca del 90 % no tiene seguro. Esto refleja un grave riesgo social y económico”.
En respuesta, la Superintendencia de Seguros emitió la resolución 5/2025 para actualizar los límites de cobertura, elevando de 50,000 a 200,000 pesos el mínimo para motocicletas y hasta montos millonarios para otros vehículos. Sin embargo, la medida fue suspendida ante la oposición de transportistas y grupos empresariales, preocupados por un posible aumento en el costo de las pólizas.
Cadoar sostiene que el aumento no busca generar ganancias, sino garantizar protección real frente a costos médicos, legales y económicos de un accidente. Glass agrega que la motocicleta cumple múltiples funciones —recreación, motoconcho, delivery y transporte familiar—, pero todos los perfiles enfrentan riesgos bajo el mismo marco legal.
Actualmente, más del 70 % de los accidentes involucra motociclistas sin protección adecuada, dejando a las familias vulnerables y expuestas a pérdidas económicas irreparables. La actualización del seguro obligatorio no solo es una cuestión de costo, sino de responsabilidad social y seguridad ciudadana.
El país debe decidir entre mantener un esquema legal insuficiente o avanzar hacia un modelo que proteja vidas y fomente una movilidad más segura y responsable.
