RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó terminar la concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo). La decisión responde a incumplimientos vinculados con la explotación de los yacimientos de Quisqueya I.
La Segunda Sala del TSA acogió una acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano. Por tanto, ordenó finalizar los contratos de concesión firmados en 1956 y 1969.
Los acuerdos abarcan 22.392 hectáreas ubicadas entre las provincias de La Vega y Monseñor Nouel. La sentencia número 0030-03-2026-SSEN-00332 fue emitida el 12 de agosto de 2026.
TSA señala incumplimientos de Falcondo
El tribunal determinó que Falcondo incumplió varias obligaciones establecidas para la concesión. Entre ellas figuran la explotación de los recursos mineros y el cumplimiento de compromisos económicos y laborales.
Además, la empresa no habría entregado la información técnica requerida por la legislación. El tribunal también tomó en cuenta la paralización de las operaciones en Quisqueya I.
Según una certificación de la Dirección General de Minería, las actividades productivas están detenidas desde el 17 de noviembre de 2023. Asimismo, Falcondo no entregó informes semestrales correspondientes a 2023, 2024 y 2025.
La empresa tampoco presentó los informes anuales de operaciones correspondientes a 2023 y 2024. En consecuencia, el TSA consideró que las faltas tenían relación directa con el propósito de la concesión.
Por otra parte, el tribunal entendió que la inactividad afectaba el interés general. Esto se debe al aprovechamiento de los recursos mineros nacionales.
Paralización afecta a Monseñor Nouel
La suspensión de las operaciones también provocó efectos laborales y económicos en Monseñor Nouel. Más de 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y recibieron sus prestaciones mediante la intervención del Fonper.
Sin embargo, otro grupo de exempleados fue desvinculado en marzo de 2026. Sus representantes estiman que las reclamaciones laborales rondan los RD$300 millones.
Además, la actividad minera llegó a generar más de 1,000 empleos directos. También sostuvo una red de contratistas y suplidores en la provincia.
A esto se suman obligaciones pendientes con empresas relacionadas con la operación. Acreedores estiman esas deudas en más de US$100 millones.
Concesión y reestructuración son procesos distintos
La decisión del TSA no significa la liquidación de Falcondo. El proceso de reestructuración mercantil continúa de manera independiente bajo la Ley 141-15.
Ese procedimiento deberá establecer el tratamiento de las deudas y otros pasivos de la compañía. Mientras tanto, la sentencia del TSA se limita a los contratos de concesión de Quisqueya I.
Por tanto, la decisión judicial pone fin a casi siete décadas de concesión minera. Al mismo tiempo, mantiene abierto el proceso de reestructuración que determinará el futuro financiero de Falcondo.
